El presidente de la comarca Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, ha roto su silencio después de que esta semana la Fiscalía le imputara presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, a raíz del escrito enviado este verano por la dirección general de Administración Local del Gobierno de Aragón que recogía actuaciones del político socialista, suspendido desde abril de militancia por parte del PSOE.
Después de salvar este viernes en el pleno del Consejo Comarcal la petición de dimisión por parte del PP, gracias al apoyo de los consejeros comarcales socialistas y de Chunta Aragonesista, este sábado, a través de un comunicado remitido a los medios de comunciación, denuncia la «guerra sucia» del PP de Azcón, su «falta de respeto institucional» y anuncia que se reserva su derecho a emprender acciones legales contra el PP autonómico.
En el comunicado remitido a los medios, el presidente de la Comarca Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón, denuncia la «ofensiva política emprendida por el PP de Zaragoza y por el Gobierno de Aragón contra él», en una campaña que califica de «interesada, partidista y carente del más mínimo respeto institucional».
Cucalón afirma que «el PP y la Dirección General de Administración Local están utilizando las instituciones para una guerra sucia contra él, vulnerando un derecho constitucional básico como es la presunción de inocencia» y ha anunciado que se reserva el derecho de acudir a la justicia contra la directora general de Administración Local, Marina Sevilla, y contra el presidente del PP en Zaragoza, Ramón Celma.
«El Gobierno de Aragón ha decidido remitir un informe a la Fiscalía sobre el ayuntamiento de Aguarón del que soy alcalde, mientras mira hacia otro lado en otros casos mucho más graves como el ayuntamiento de Monterde presidido por un alcalde del PP», denuncia Cucalón, quien ha exigido «igualdad de trato, transparencia y que no se utilicen los recursos públicos para fines partidistas».
Afirma que dimitirá si es condenado
Respecto a su situación personal, Cucalón afirma que «cuando haya una sentencia firme, si se me condena, presentaré mi dimisión de manera inmediata». «No hará falta que nadie me lo pida. Pero mientras tanto, exijo respeto al trabajo de los jueces y a mi derecho a la presunción de inocencia. Lo que no voy a tolerar es que el PP, ni el Gobierno de Aragón, intenten destruirme políticamente antes de que la Justicia hable», ha pedido Cucalón, en línea de lo expresado ayer por la sectretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, que destacó que el PSOE le había suspendido de militancia en abril, pero que había que «respetar el trabajo de los jueces y la presunción de inocencia» de Cucalón, «evitar realizar juicios paralelos» y no reclamó de los consejeros comarcales socialistas que le retirasen su apoyo para que Cucalón pierda sus cargos institucionales.
Además, el alcalde socialista ha denunciado «la doble vara de medir del PP de Zaragoza, que ataca con dureza a alcaldes de otros partidos mientras protege a los suyos, como el alcalde de Monterde, pendiente de juicio por presuntas irregularidades, sin que nadie en el PP provincial ni en el Gobierno de Aragón haya exigido su dimisión o adoptado medida alguna».
Y ha denunciado que «lo que está haciendo el Gobierno de Aragón es utilizar la Dirección General de Administración Local para una caza de brujas política, no para mejorar la gestión municipal, y esto es muy grave«, ha añadido.
Por todo lo anterior, en el comunicado remitido a los medios ha exigido que «el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Administración Local y el Partido Popular actúen con rigor, imparcialidad, transparencia y respeto escrupuloso a la ley, sin utilizar los procedimientos administrativos como arma política para derrocar a alcaldes con mayoría absoluta».
También ha solicitado que «el PP de Zaragoza deje de instrumentalizar los expedientes y denuncias para desgastar a alcaldes de otros partidos, mientras encubre casos propios como el de Monterde» y que «se respete el trabajo de la Justicia y se asuman las responsabilidades políticas cuando haya resoluciones firmes, no antes ni solo cuando convenga al partido de turno».
Por último, ha concluido en su comunicado, ha defendido que «los vecinos del Campo de Cariñena merecen instituciones fuertes y respetadas, no sometidas a campañas de venganza ni al uso partidista del poder».
