El plan de ayuda a los hipotecados en apuros pactado hace un año por la vicepresidenta Nadia Calviño y los bancos recibió cerca de 42.800 solicitudes entre enero y julio con una deuda pendiente de pago de 5.367 millones de euros, según ha revelado este lunes el Banco de España. Se trata de una cifra «limitada» respecto al número total de créditos hipotecarios en vigor (menos del 0,4%) y también frente a los préstamos que cumplían las condiciones para beneficiarse, aunque también «notablemente superior» al número de peticiones registradas por el anterior Código de Buenas Prácticas hipotecarias desde su creación en 2012. Menos de un 10% de las solicitudes (por debajo de 4.280 hipotecas) han sido aprobadas, mientras que un 50% están pendientes de resolverse (21.400) y en torno al 40% han sido rechazadas (unas 17.120), principalmente por no cumplir los requisitos.
Las cifras de este plan -que incluye una ampliación del código de 2012 para familias vulnerables y un nuevo código para clases medias- están notablemente por debajo de las anunciadas en su día por el Gobierno. El Ejecutivo, así, apuntó en noviembre del año pasado que beneficiaría a «más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad», si bien luego precisó que era una estimación del total de beneficiarios potenciales, no de los previsibles. En abril, el Banco de España ya calculó que podría llegar como mucho a tener unos 200.000 beneficiarios. Ello ha provocado que el Ejecutivo quiera ampliar su alcance: el PSOE prometió en campaña ampliar el código de clases medias a las familias con una renta conjunta anual de hasta 37.8000 euros, frente a los actuales 29.400 euros (3,5 veces el IMPREM). Los socialistas y Sumar, de hecho, han pactado ampliar el plan en su acuerdo de Gobierno, una posibilidad a la que se oponen los bancos.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya frenó en junio un intento de Calviño de forzar a la banca a tomar nuevas medidas. Y su director de estabilidad financiera, Ángel Estrada, ha mostrado este lunes el rechazo de su institución a la ampliación acordada por PSOE y Sumar: «Yo creo que hay que esperar y ver«. El alto funcionario, así, ha argumentado que la situación de las familias es mucho mejor que en la crisis 2008-2014, así como que las hipotecas concedidas desde entonces se dieron con criterios más estrictos, con lo que el riesgo de impago es menor. También ha esgrimido que las hipotecas son lo último que dejan de pagar las familias y que no lo hacen hasta que han pasado una media de dos años desde que han perdido el empleo o han sufrido una caída notable de sus ingresos. «Nos parece que es pronto para hacer una valoración de lo que está ocurriendo», ha remachado.
Por el empleo
El bianual informe de estabilidad financiera del Banco de España publicado este lunes también subraya que la «resiliencia del empleo y de la renta habría sostenido la capacidad de pago de los hogares» y reducido el número de solicitudes. Además, recuerda que beneficiarse de las medidas del plan reduce las cuotas mensuales a pagar por las familias, pero a la larga implica pagar más por la hipoteca, con lo que los hogares tienen «incentivos» a solicitar acogerse a los códigos «solo cuando sufren problemas de liquidez que no admiten una solución alternativa«.
El organismo considera que el número de solicitudes recibido ha sido «relativamente elevado» en comparación con las que registraba el código de 2012. En esta línea, señala que dicho código recibió el año pasado cerca de 5.800 solicitudes (con 589 millones de euros de deuda hipotecaria pendiente), mientras que el nuevo plan recibió hasta julio de este año cerca de 42.800 solicitudes (5.367 millones), repartidas entre un 54% para el código ampliado de 2012 de hogares vulnerables (23.100 operaciones y 2.910 millones de euros de deuda) y un 46% para el nuevo código para clases medias (19.700 solicitudes y 2.458 millones).
Aprobaciones bajas
El supervisor admite que la cifra de operaciones aprobadas es «todavía baja» e inferior a la que registraba el código de 2012 en los últimos años. Pero lo justifica: «Cabe mencionar, no obstante, el escaso tiempo transcurrido como un factor condicionante. Así, la realización final de las solicitudes, una vez verificados los criterios de elegibilidad, puede prolongarse varios meses, puesto que suele involucrar un proceso de interacción entre el acreditado y la entidad». También destaca que la tasa de denegación de solicitudes (40%) se sitúa «por debajo» de las ratios observadas en los últimos años del código de 2012 (60%) y han presentado una «tendencia al alza» en los últimos meses, con lo que «su efectividad a medio plazo podría ser superior«.
El organismo supervisor, en cualquier caso, también ha señalado que la subida de tipos del Banco Central Europeo todavía no se ha trasladado completamente a los hogares: el aumento del coste medio de las hipotecas ha recogido solo cerca de la mitad de la subida que ya ha registrado el euríbor. Así, estima que algo menos de un tercio de las hipotecas a tipo variable en vigor tiene todavía que afrontar una revisión de su cuota de más de un punto porcentual (más el diferencial fijado en los contratos) entre junio de 2023 y junio de 2024. Ello va a aumentar el número de hogares en situación vulnerable: según sus cálculos, la subida de 500 puntos básicos del euríbor desde diciembre de 2021, trasladada completamente al crédito, podría incrementar el número de hogares endeudados en situación vulnerable (pago de intereses superior al 40% de la renta) hasta representar el 14,6% del total (1,63 millones de familias).
