El exministro José Luis Ábalos ha vivido una semana complicada en relación con la persona encargada de garantizar su derecho defensa ante el Tribunal Supremo. El lunes, a menos de 48 horas de tener que volver a comparecer ante el juez Leopoldo Puente, renunció, por «diferencias irreconducibles», al abogado que le había defendido desde que fue imputado en el caso al que dio nombre el que era su asesor, Koldo García.
El magistrado no aceptó la renuncia, al entender que se trataba de un «fraude de ley» para aplazar la convocatoria, y José Aníbal Álvarez se vio obligado a acompañar a su cliente a la fuerza este miércoles al alto tribunal. Durante la comparecencia el abogado advirtió del riesgo de nulidad que esa obligación acarreaba y el ahora diputado del grupo mixto se permitió asegurar que lo que sería un «fraude de ley» sería renunciar al escaño, como le pedía su abogado, con el que ha mantenido discrepancias que eran públicas por el interés periodístico que suscitaban.
Estas son las «diferencias irreconducibles» que han llevado a Ábalos a dejar a José Aníbal Álvarez y a designar un nuevo abogado: el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que participó en el juicio del 11-M y representó al ministerio público en el caso Faisán, en el que se investigó el chivatazo que se recibió en el bar del mismo nombre en relación con una trama de extorsión de ETA.
El motivo por el que el caso Koldo está dividido entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo es precisamente el aforamiento del que goza José Luis Ábalos por ser diputado. Ello significa que si renunciara al escaño antes de la apertura de juicio oral en alguna de las dos piezas abiertas contra él (una por la compra de mascarillas por organismos dependiente de transportes y otra por las presuntas adjudicaciones de obra irregulares), todo el procedimiento volvería a ser solo uno y retornaría a la Audiencia Nacional.
Esa circunstancia sumada al tono de los autos del juez Leopoldo Puente, en los que se anuncia la proximidad del juicio de las mascarillas y se trasluce su convencimiento en la existencia de indicios suficientes de los graves delitos imputados (integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, «sin perjuicio de ponderar también la posible existencia de un delito de malversación de fondos públicos«) llevaron al letrado a plantear a su cliente que renunciara al escaño, posibilidad que Ábalos descartó, como le hizo ver al juez y que ante él tachó de «fraude ley».
José Luis Ábalos, a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca
En su escrito de renuncia, remitido pasadas las dos y media de la tarde del lunes, Ábalos no mencionaba la posibilidad de renunciar al escaño, y centraba las «diferencias irreconducibles» en las que basaba la ruptura en dos noticias que aparecieron el pasado mes de junio en prensa en las que se hacía referencia a contactos mantenidos por el letrado con la Fiscalía Anticorrupción para tratar de alcanzar un pacto de conformidad que aligerara las penas a imponer. Pero para que sea posible es necesario que el ahora diputado del grupo mixto reconozca los hechos imputados, extremo con el que Ábalos no está en absoluto conforme, lo que cerró esa vía, al menos de momento, porque siempre es posible articularlo antes de que comience a celebrarse el juicio.
Y entre los dos puntos que constituyen la piedra angular de la estrategia de defensa de Ábalos se cruzó un asunto menor, pero que también ha pesado a la hora de que Ábalos decidiera romper con José Aníbal Álvarez. Se trata de los escritos con los que el exministro trató de evitar que Telecinco emitiera la entrevista que había grabado a su exesposa, Carolina Perles, entre los que por error se cruzó una petición para que declarara como testigo ante el magistrado Leopoldo Puente, que hubo que anular ese mismo día.
«Lo que se está pretendiendo por parte de Carolina Perles es realizar un juicio paralelo, y sin garantías procesales, poniendo en riesgo la presente instrucción que se está llevando a efecto hasta la presente fecha», termina el escrito suplicatorio de la defensa del exministro. Después, en otro escrito, la defensa pedía que «no se tenga en cuenta la solicitud pues se ha debido a un error involuntario en la redacción».
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