La legalidad dudosa de sus acciones no frena a Donald Trump. Este viernes, en el décimo día del cierre parcial del Gobierno, el republicano ha cumplido una de sus amenazas de aprovechar para castigar a lo que llama “agencias demócratas” y ha empezado a despedir a un número “sustancial” de empleados públicos. Nunca antes de este viernes se había aprovechado una de estas crisis de financiación para realizar despidos.
Russell Vought, que dirige la Oficina de Gestión del Presupuesto y que fue uno de los principales cerebros tras el polémico Proyecto 2025 (del que Trump ya ni intenta distanciarse, como sí hizo en campaña), ha informado con un mensaje en X del inicio de los despidos. “Los RIFs han empezado”, ha escrito, con el acrónimo en inglés de “reducciones de la fuerza” laboral.
Aunque a la hora de escribir estas líneas no hay información oficial sobre cifras concretas, fuentes gubernamentales citadas por varios medios estadounidenses hablan de ceses “masivos”. Y portavoces de varias agencias han ido confirmando que han iniciado los despidos, incluyendo en Sanidad y en el Departamento de Educación, que Trump ha prometido cerrar y donde ya se había reducido el número de empleados públicos en un 50%.
También ha habido confirmaciones desde Hacienda y en el Departamento de Seguridad Nacional, donde un portavoz ha dicho a ‘The Guardian’ que los recortes llegarán en una agencia de ciberseguridad a la que acusan de haberse centrado en “censura” y «tretas electoralistas» durante la Administración de Joe Biden.
Amenazas y realidad
Ya desde hace días se sabía que Trump y Vought se planteaban esta medida que es ilegal a la luz de las normas que obligan, por ejemplo, a notificar los despidos con 30 días de antelación. Y un memorando que sugería la posibilidad de miles de despidos ya había provocado una demanda ante los tribunales del principal sindicato de empleados públicos, un caso cuya primera vista se celebraba justo este viernes.
Desde que se inició el cierre por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para dotar al Gobierno de financiación de sus operaciones administrativas, casi 800.000 empleados públicos están suspendidos de empleo y sueldo. Otros trabajadores públicos, considerados esenciales, están obligados a trabajar pero tienen el cobro del salario diferido hasta que acabe el cierre.
Política y partidismo
En la segunda presidencia de Trump la reducción de la masa laboral del Gobierno ha sido siempre una de las metas. Primero la puso en marcha con Elon Musk y lo que denominó “Departamento” de Eficiencia Gubernamental. Justo antes de que se iniciara el cierre del gobierno culminaron unas 100.000 de las salidas de trabajadores públicos que pusieron en marcha meses atrás, cuando Musk animó a abandonos voluntarios. Y ahora quien lidera ese trabajo de adelgazamiento del gobierno es Vought, al que la Casa Blanca presentaba la semana pasada en un vídeo realizado con inteligencia artificial como la parca.
Las decisiones de Trump en el cierre tienen, además, un claro componente partidista. Ya ha aprovechado el impasse en la financiación para castigar con recortes presupuestarios a ciudades gobernadas por demócratas y había dicho que iba a realizar despidos en “agencias demócratas”.
El presidente y los republicanos están señalando como responsables del cierre y de los despidos a los demócratas, que han decidido no dar el acuerdo de financiación a Trump y los conservadores hasta que estos garanticen la extensión de ayudas públicas a los estadounidenses para sanidad, especialmente de forma inmediata con subsidios para pólizas de seguro y, a medio plazo, con el sistema de sanidad pública para los más pobres.
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