La fusión de los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal, introducida por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, había beneficiado a principios de julio a 1.155 personas que fueron condenadas por este tipo de delitos antes de la entrada en vigor de la conocida como ‘ley del sólo sí es sí’.
Son datos del Consejo General del Poder Judicial, que precisó que 117 de ellos fueron excarcelados al aplicarse estas rebajas de condena.
La ley entró en vigor a principios de octubre. Se da la circunstancia de que, meses después, el número de condenados por delitos sexuales o de violencia de género que llevaban pulsera telemática se incrementó notablemente.
Dispositivos electrónicos de detección de proximidad
A principios del pasado julio, el Consejo de Ministros acordó autorizar al Ministerio de Igualdad a modificar los límites de gasto para abrir la licitación pública del contrato de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual, por 39 millones de euros.
Estos medios telemáticos se pusieron en marcha en 2009. El Gobierno de Zapatero aprobó la implantación de dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores por violencia de género, para garantizar las medidas de alejamiento acordadas por los órganos judiciales.
A los agresores por violencia de género se unen, precisamente en virtud de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, la protección efectiva de las víctimas de violencias sexuales en riesgo.
Esta norma establece la obligación de vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales encaminadas a la protección de la víctima a través de la vigilancia de los investigados o condenados, o el control de localización a través de dispositivos telemáticos de control del cumplimiento de penas y medidas de seguridad de alejamiento, cuando su utilización sea acordada mediante resolución judicial.
Por tanto, la ley ha ampliado de dos maneras el número de personas a controlar. Por un lado, potencia las medidas de protección de las víctimas de violencia sexual con la vigilancia de investigados o condenados por estos delitos; por otro, ha provocado la puesta en libertad y la rebaja de condenas de muchos de estos condenados, que al salir de la cárcel son controlados por estos medios telemáticos.
Igualdad comprará las pulseras
La licitación puesta en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género supone un cambio de modelo. En base a un estudio sobre sistemas de monitorización electrónica para violencia de género, el ministerio de Irene Montero constató “la conveniencia de pasar de un modelo de pago por uso a un modelo de compra”.
Hasta el momento, Igualdad no compraba, sino que “alquilaba” y pagaba por el uso de las pulseras telemáticas y todo el sistema que permite detectar si un condenado por abuso o agresión sexual, o por violencia de género, se acerca a su víctima.
Pero ese estudio encargado por el ministerio señaló que “a nivel de costes, la compra de los dispositivos evidencia una reducción considerable de pago por uso. Este hecho también se da potenciado en los casos que se usan aplicaciones de móvil dado que se puede utilizar el propio móvil de la víctima para la gestión de este rol”.
En base a ello, “a fin de mejorar el servicio de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual, se propone el paso del modelo de pago por uso a un modelo de adquisición”.
De 2.620 pulseras activas a 3.230
Confidencial Digital ha consultado los documentos en los que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género detalla a las empresas interesadas en suministrar estos sistemas los elementos que requiere para este servicio.
En uno de los documentos se facilita “la evolución de instalaciones y desinstalaciones de dispositivos electrónicos durante el año 2022, en el que se han realizado un total de 2.056 instalaciones y de 1.620 desinstalaciones”.
Se incluye una tabla con las instalaciones de pulseras telemáticas y las desintalaciones registradas cada mes, desde enero de 2022 a enero de 2023, ambos meses incluidos, así como el total de pulseras activas a principios y a finales de cada mes.
Como se ve, a principios de enero de 2022, había 2.620 “activos previos”, es decir, pulseras colocadas a violadores y condenados por violencia de género al salir de la cárcel, o denunciados con medidas cautelares de alejamiento.
Trece meses después, a finales de enero de 2023, había 3.230. Ese aumento de 610 activos supone un aumento del 23% respecto a la cifra tomada como referencia inicial de ese período, de 2.620 “activos previos”.
El aumento fue progresivo a lo largo de los meses, con incrementos netos (resta de instalaciones y desintalaciones) de 50 ó 60.
En octubre de 2022, precisamente el mes en que entró en vigor la ‘ley del sólo sí es sí’, se superó la cifra de 3.000.
El mayor incremento se dio el último mes de referencia. Se instalaron 315 pulseras, cuando en meses anteriores las cifras rondaban entre las 150 y las 200. Se desinstalaron 141 sistemas, y el balance final fue un incremento de 174 sistemas activos, cuando en el año anterior, el mayor incremento mensual había sido de 66, en abril de 2022 (antes de aprobarse la ‘ley del sólo sí es sí’).
El documento de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género aporta otro dato: “La duración media mensual de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación controladas por dispositivos electrónicos durante el año 2022 respecto de las 1.620 desinstalaciones realizadas es de 450,27 días”.
319 pulseras instaladas en junio
ECD ha consultado también el Boletín Estadístico Mensual de junio de 2023 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para recabar datos más cercanos.
También este documento ofrece datos sobre “dispositivos instalados, desinstalados y activos” del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género.
Incluye un gráfico con la variación interanual entre junio de 2022 y junio de 2023.
En junio de 2022, en toda España se registraron 170 instalaciones y 169 desintalaciones. Fue un mes atípico, con muchas desintalaciones, por lo que el incremento neto fue de sólo 1. Había 2.830 sistemas de seguimiento telemático instalados a final de mes.
Un año después, en junio de 2023, se instalaron 319 pulseras y se desinstalaron 159: un resultado neto de 160.
Acabó el mes con 3.871 sistemas de seguimiento activos, lo que supone un aumento en un año del 36,8%. Las instalaciones se habían disparado un 87,6%.
Estos datos de junio muestran que el pico de enero no fue algo puntual, con 315 instalaciones y un balance entre instalaciones y desintalaciones de 174 sistemas activos más: se han seguido registrando datos mucho más altos de medidas de alejamiento para agresores sexuales y agresores por violencia de género respecto de sus parejas, que las cifras que se daban en 2022, antes de la entrada en vigor de la ley impulsada por Irene Montero contra las agresiones sexuales.
