Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña son las comunidades que, por este orden y como viene siendo habitual en los últimos años, tienen mayor velocidad de privatización. En el extremo contrario, se sitúan Castilla-La Mancha; Navarra; Asturias y Cantabria. Son datos del ’11º Informe sobre la privatización sanitaria’ presentado este jueves por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Un análisis que, además, pone el foco sobre el avance, también sin pausa, de esa privatización de los servicios sanitarios en Andalucía, inmersa en una profunda crisis por los fallos en los programas de cribado de mama.
En rueda de prensa, José Manuel Aranda, uno de los autores del informe y portavoz de la FADSP, ha presentado los principales datos del documento con una primera pincelada: en 2024 se ha producido un aumento de la privatización en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general, pasando de un indicador global de 16 puntos en 2014 -el primer año en el que se realizó el análisis- hasta los 21 de 2025, es decir un incremento del 14,7%.
En aumento
Según los últimos datos disponibles, España «supera claramente» la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en gasto sanitario privado, con un 28/30 % del total y hasta un 3 % del PIB, (frente al 21 % y 2,2 % de la OCDE respectivamente), indica el documento.
«En estos once años hay una realidad preocupante: la privatización no ha dejado de crecer», ha dicho Sergio Fernández Ruiz, secretario de la Federación. Eso sí, con marcadas diferencias entre comunidades aunque «hay una tendencia común de desvío creciente de recursos públicos al sector privado y de recortes en la sanidad pública».
Las variables
En el informe, que recoge diferentes fuentes, las variables analizadas han sido, entre otras el porcentaje de población total que estando cubierta por las mutualidades de funcionarios elige la atención sanitaria por seguros privados; gasto sanitario per cápita en seguros privados (euros/habitante/año); gasto sanitario de bolsillo per cápita (euros/año); porcentaje del gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados; de camas hospitalarias privadas sobre el total; del equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total; número de consultas anuales a especialistas del sector sanitario privado por 1000 habitantes o presencia de concesiones administrativas de gestión a empresas privadas.
José Manuel Aranda ha puntualizado que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas por dos motivos: la presencia del modelo de las mutualidades de funcionarios, que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados, y luego porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (como pruebas diagnósticas) con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos. Además, una vez más, los autores del informe se han quejado de la «falta de transparencia» por parte de las consejerías a la hora de recabar datos.
La velocidad
El resultado final, por comunidades, indica que, de acuerdo las variables mencionadas, se han puntuado a todas las comunidades obteniendo un resultado promedio de 21,3 puntos con una DS (desviación estándar) de 4,4 (rango entre 14 y 28 puntos), sobre un máximo de 34 puntos posibles.
Finalmente, se clasifica a las comunidades en tres grupos: mayor, intermedia y menor velocidad de privatización. Con una mayor velocidad aparecen Canarias y Madrid (28 puntos); Baleares, 27 y Cataluña, con 26. Con una velocidad intermedia, figuran Comunidad Valenciana (26); Aragón (24); Andalucía (23); Extremadura (20); Galicia y La Rioja (19) y Castilla y León, Murcia y País Vasco, con 18. Finalmente, con menor velocidad de privatización, aparecen Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias (18 puntos) y Cantabria, con 14.
Distintas políticas
Sobre la base de este incremento generalizado, el comportamiento de las comunidades ha sido desigual, han comentado los autores del informe respondiendo a distintas políticas privatizadoras. Se observa, concluyen, que 3 de las 4 primeras comunidades con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo, donde han permanecido con algún cambio de posición.
La primera es la misma en todos los informes: Madrid y las otras dos (Cataluña y Baleares), han ido cambiando de posición. Pero también, precisan, han elegido comunidades por su incremento llamativo en los últimos años. La primera es Andalucía que ha experimentado un incremento de más del 32% desde 2019. En Canarias (32,3 de incremento) y en la Comunidad Valenciana -29,4- de incremento, han sucedido fenómenos similares.
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