Pedro Sánchez tendrá que acudir al Senado a comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo antes de que termine octubre. Al menos, esa ha sido el anuncio de Alberto Núñez Feijóo, que activará a la mayoría absoluta que tienen los populares en la Cámara Alta para citar al presidente del Gobierno y que de explicaciones sobre los supuestos casos de corrupción en el seno del PSOE. Sánchez se convertirá así en el segundo jefe del Ejecutivo en activo obligado a dar cuenta en una comisión de investigación de las Cortes Generales y, además, el único precedente se dio en circunstancias muy distintas.
Fue en diciembre de 2004, nueve meses y dos días después de los atentados de Atocha del 11-M, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno desde mediados de abril, acudió a una comisión de investigación en el Congreso sobre la masacre cometida por un grupo cercano a Al Qaeda. Los diputados que le interrogaron dan buena prueba del tiempo que ha pasado desde entonces: Eduardo Zaplana (PP), Gaspar Llamazares (IU), Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) o José Antonio Labordeta (CHA).
La situación, entonces, era completamente diferente a la de Sánchez. Zapatero venía de ganar las elecciones y el asunto a tratar era un acto terrorista cometido durante el gobierno del expresidente José María Aznar que se entendía como consecuencia de la invasión de Irak. Desde entonces, ningún presidente del Gobierno en activo ha vuelto a acudir a una comisión de investigación del Senado. Sí ha habido plenos monográficos sobre asuntos de presunta corrupción: Mariano Rajoy encaró uno en 2017 bajo amenaza de enfrentarse a una moción de censura y el propio Sánchez tuvo que comparecer ante el pleno del Congreso antes del verano. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se puede comparar a ser citado a una comisión, donde todo el mundo está obligado a comparecer y a decir la verdad.
Otros casos
Lo que sí ha ocurrido, y en varias ocasiones, es que expresidentes del Gobierno se hayan visto obligados a desfilar por comisiones de investigación del Congreso. El primero de ellos fue Aznar, que en noviembre de 2004 tuvo que dar cuentas de la gestión de los atentados del 11-M y de la información que barajaba el Gobierno en las horas posteriores. 14 años después tuvo que regresar a la Cámara Baja para comparecer en la comisión sobre la financiación ilegal del PP.
Mariano Rajoy también ha tenido que declarar en comisiones del Congreso en otras dos ocasiones. La primera en diciembre de 2021 para dar cuenta sobre la utilización ilegal de recursos reservados del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. La segunda, hace unos meses, en marzo de este año, cuando volvió a ser citado en una comisión sobre la denominada ‘Operación Cataluña’, que investiga el uso de recursos de Interior para espiar a líderes independentistas.
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