Se mueven discretamente, portan tabletas, joysticks y armas que parecen atrezzo de una película del espacio. No se hacen demasiado visibles, salvo si se les busca en las elevaciones que ocupan para obtener buena vista del entorno. Interior mantiene desplegados para la seguridad de los aeropuertos agentes de dos unidades de especialistas en la localización, intercepción o destrucción de drones cuya intrusión pudiera suponer atentados, sabotajes o, simplemente, la interrupción de la actividad aeroportuaria.
Las unidades Pegaso de la Guardia Civil y Aspa de la Policía Nacional mantienen una intensa actividad de vigilancia, si bien no hay estos días una elevación del nivel su alerta como la que se sufre en aeropuertos y puntos estratégicos del norte de Europa. En esta retaguardia de la guerra europea, la Secretaría de Estado de Seguridad no ha emitido una orden de refuerzo en la lucha contra drones en los aeropuertos españoles y sus áreas de vecindad, pero “de ordinario – explican desde el Ministerio del Interior- la seguridad aeroportuaria y el control de drones son prioritarios”.
Se lo han explicado a este diario el mismo día en que el aeropuerto de Oslo se sumaba a la lista de los aeródromos civiles europeos cuya actividad se ha visto afectada por la intrusión de drones. La prioridad de la que hablan en Interior viene marcada por “la plena consciencia del daño que puede provocar” el vuelo de aparatos no autorizados. De hecho, el precedente más reciente fue grave: durante media hora, el aeropuerto madrileño de Barajas estuvo en alerta tras localizar la Guardia Civil un dron de pequeño tamaño no autorizado. La alarma provocó el desvío de 21 de los vuelos programados para esa jornada y retrasos en un número mayor de despegues y aterrizajes.
Antes, durante 2020, el año de las medidas de confinamiento por la pandemia de covid, los guardias de los grupos Pegaso identificaron y denunciaron a 12 pilotos de drones por vuelos ilegales… solo en Barcelona.
Impacto económico
La irrupción de un solo dron en el espacio aéreo supone un riesgo económico elevado para el sector. El cierre de un aeropuerto provoca “cancelaciones, vuelos que se derivan a otros aeropuertos y retrasos” y se traduce en “pérdidas para las aerolíneas y para el aeropuerto en sí”, explica el profesor de Estudios de Derecho y Ciencia Política en la Universitat Oberta de Catalunya Jordi Sandalias.
“Cerrar un espacio aéreo o un aeropuerto durante 12 horas tiene un impacto económico brutal y, si esto ocurre en un periodo como unas vacaciones de Navidad, todavía más”, advierte el profesor de EAE Business School, Romà Andreu.
Este experto cree que los drones son una amenaza creciente para la navegación aérea, ya que “es muy fácil introducir un dron dentro del espacio aéreo europeo” y “muy difícil ponerle freno”.
A falta de datos de Aena o de las aerolíneas que pongan números a esta amenaza, un estudio publicado en 2020 por Philippe Wendt, Augusto Voltes-Dorta y Pere Suau-Sánchez sostiene que la inversión en un sistema antidrones es más barata que el impacto que tendría el cierre del aeródromo por la incursión de estos aparatos teledirigidos.
El análisis, realizado a partir de la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Gatwick (Londres) entre el 19 y el 21 de diciembre de 2018 por avistamiento de drones, simula la clausura del aeropuerto de Frankfurt durante 48 horas. Y el resultado es una pérdida de ingresos de 3,3 millones de euros para el aeródromo y de 34,30 millones de euros en costes de compensación para los viajeros, frente a una inversión de alrededor de 2,9 millones de euros que costaría el sistema antidrones.
Un guardia civil muestra un dispositivo antidrones en la feria industrial de la defensa Feindef. / José Luis Roca
Según cálculos realizados a partir de datos de Eurocontrol, la cancelación de apenas 50 vuelos de una aerolínea de bajo coste tiene un impacto de alrededor de 1,4 millones de euros. El coste de cancelar un solo vuelo va desde los 6.790 euros de un avión pequeño (50 asientos) de una aerolínea tradicional a los 123.900 euros de un avión de fuselaje ancho (400 asientos) y los 18.570 euros de una aerolínea low cost. Pero a estas cantidades hay que sumar otros costes derivados de la atención y compensación a los pasajeros, que se sitúan entre los 3.700 y los 64.800 euros.
Zona de exclusión
Hasta ahora, en España no está permitido el vuelo de drones en un radio de ocho kilómetros alrededor de un aeropuerto. Una violación de ese espacio aéreo comporta una sanción máxima de 225.000 euros.
La Guardia Civil tiene ya asignados a sus equipos Pegaso -el nombre se forma con las siglas de Policía Especial de Gestión Aérea y Soporte Operativo- tres centenares de agentes, y tiene prevista la formación de otro centenar, cuentan fuentes del instituto Armado. Al recuento se añaden 160 especialistas ASPA de la Policía Nacional, según fuentes policiales. Los guardias protegen el recinto del aeropuerto, incluidas las pistas, y los policías el entorno urbano que lo rodea en el radio de seguridad.
Ambas unidades no solo vigilan contra drones no autorizados en los alrededores de infraestructuras críticas, también manejan robots voladores en apoyo de operaciones de otros grupos policiales. La actividad que desarrollan se llama en el campo policial -y militar- “UAS y c/UAS”, o sea, drones y contra drones. En ambos cuerpos los incipientes grupos de especialistas han subido de rango, hasta ser ya unidades centrales. A finales de mes, agentes de esas unidades participarán en las maniobras militares Atlas 25 en Huelva, centradas en la defensa anti drones.
La Guardia Civil ha ampliado su armamento contra drones, básicamente fusiles y postes de inhibición en cuatro ocasiones en los últimos tres años. La última vez en diciembre de 2024, con un contrato concedido a una ingeniería madrileña, Advanced Telecommunications Lambda Europa, por algo más de medio millón de euros. La renovación de los inhibidores se hace periódicamente con nuevos contratos, pues la tecnología de los robots no deja de cambiar. También se renueva periódicamente un sistema portátil de inhibición de drones que Interior le viene proporcionando a la Casa Real desde 2018, y cuyas características son materia reservada.
La preocupación por el fenómeno de las violaciones de espacio aéreo con drones está instalada también en el Departamento de Seguridad Nacional, el DSN, órgano que asesora a Moncloa en la toma de decisiones críticas. Lo corroboró este lunes la directora del DSN, la general Loreto Gutiérrez, asegurando que «la proliferación de aeronaves no tripuladas es de las principales amenazas» en este flanco, dado el «crecimiento exponencial de su empleo en operaciones militares y terroristas, impulsado por el uso letal de drones comerciales y militares de pequeño tamaño, como se ha demostrado en Ucrania y en Gaza».
La próxima semana se reúne el Grupo de Trabajo sobre Drones del DSN para transmitir sus observaciones sobre el estado europeo de alerta al Consejo de Seguridad Aeroespacial.
Vigilar contra la intrusión de drones es una misión condenada a una creciente demanda. Y más “en cuanto acabe la guerra de Ucrania -teme un agente de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil- y se esparza por toda Europa gente desesperada que ahora está en el frente y que va a salir muy curtida en el uso de los drones para matar”.
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