El retraso en las entregas del blindado 8X8 Dragón, uno de los proyectos clave del Ejército, ha desbordado el aguante de Defensa. El ministerio ha emitido una nota en la que hace público su plan de «las acciones oportunas» contra el consorcio Tess Defence -liderado por indra y con Escribano, Sapa y Santa Bárbara Sistemas como socios- por los reiterados aplazamientos que ha sufido el nuevo vehículo de combate de infantería, un proyecto que va camino de cumplir ya 20 años.
El anuncio se produce después de una visita al presidente de Indra, Javier Escribano, que ha tenido lugar en la tarde de este martes. Ha acudido la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada de su secretaria de Estado, Amparo Valcarce, y el teniente general jefe de Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat. El clima de la reunión, como confirma la tajante advertencia de la nota pública, ha sido tenso.
Un momento de la reunión mantenida este martes entre Defensa e Indra en la sede de la compañía / Defensa
Por parte de la compañía han estado, además del presidente Escribano, el CEO, José Vicente de los Mozos, y Manuel Escalante, director de tecnología. Tras el encuentro, Defensa habla en su nota de «incumplimiento». Es la primera vez que utiliza ese término en un comunicado sobre el proyecto del vehículo clave para el Ejército.
Paciencia desbordada
El aguante de defensa parece haber llegado a su final después de varias advertencias de la ministra. Una de ellas, en la pasada Pascua Militar; varias en apariciones en el Congreso, en las que Robles habló de que «lo que tienen que hacer las empresas es cumplir sus plazos»; y últimamente cuando -por ejemplo, en la botadura de una nueva fragata- habló de «las empresas que sí cumplen».
Consultados por este diario, portavoces de Escribano, Indra y Santa Bárbara no han querido hacer comentarios; encajan en silencio la bronca de Defensa.
Para el tándem Robles-Valcarce, el 8X8 Dragón es (o era) un proyecto emblema. Pese a una fuerte polémica política, las críticas constantes del PP a sus retrasos, una derrama de 420 millones de euros, problemas técnicos aún pendientes de solución y el reiterado retraso en la entrega de unidades, el ministerio ha defendido siempre tres razones para considerarlo programa modelo: conlleva un elevado porcentaje de producción española; obliga a pactos entre empresas para retos de innovación que afronte la industria; y tres, riega inversión y empleo a lo largo de un eje norte-sur de España, en torno al cual son “traccionados” -palabra muy de moda en la industria de defensa- 400 proveedores españoles.
La necesidad de un nuevo blindado de combate para la infantería (y los zapadores) nació después del atentado que en el Líbano sufrió un blindado medio sobre ruedas de los cascos azules españoles. Seis paracaidistas fallecieron por la acción de una bomba, y se acreditó la escasa protección que proporciona el BMR a sus ocupantes.
El gobierno Zapatero ordenó entonces buscar un vehículo que sustituyera a esos ya ancianos blindados, aún en uso. Pero el proyecto cayó en coma con la crisis económica, y no se licitó hasta 2020. Tres años después, su prespuesto de 2.100 millones se disparó en 420 millones más.
En la industria de la defensa siempre se han defendido acerca de esta derrama y los retrasos acusando a exigentes certificaciones del Ejército, y a continuas nuevas exigencias de capacidades que añadir al blindado, encareciéndolo y haciendo más lenta su fabricación.
De 348 vehículos en una primera fase -el total que contemla el programa es de 1.000-, un centenar tenían que haber sido entregados el año pasado. No se cumplió la entrega, provocando una primera y tensa reunión con el consorcio constructor. Defensa propició entonces que Indra tomara el control de la alianza Tess Defence.
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