El Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto que endurece los requisitos para que las comunidades autónomas aprueben la creación de nuevas universidades, ya sean públicas (no se levanta una nueva desde 1998), privadas, presenciales o virtuales. Los plazos de tiempo para cumplir con todas las nuevas obligaciones serán flexibles.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, será la encargada de presentar públicamente la normativa una vez que termine la reunión del gabinete de Pedro Sánchez. Desde que se anunció el real decreto, el Gobierno ha insistido en que la normativa no va contra las privadas ni tiene por objetivo cerrar ningún centro. «Esto no va de universidades públicas o privadas sino de buenas y malas», aseguró, en su día, la titular de Educación, Pilar Alegría, dejando claro que la intención es mantener la calidad del sistema universitario español.
La normativa, que entrará en vigor a finales de octubre, obliga a tener un informe vinculante y fija un mínimo de 10 titulaciones de grado
Una vez que la normativa entre en vigor (lo hará a finales de octubre, tras su publicación en el BOE), las universidades de nueva creación deberán contar con un informe no solo preceptivo sino vinculante de la Agencia de Acreditación y Evaluación (Aneca, hay una nacional y otras 10 autonómicas). Otro requisito será tener un mínimo de estudiantes en seis años (4.500) y de docentes. El número de profesores y profesoras no está especificado, pero podrá rondar entre 400 y 500. La mitad serán doctores y deberán cumplir con determinada experiencia en investigación.
El centro deberá abarcar tres áreas de conocimiento e impartir, como mínimo, 10 titulaciones de grado, seis de máster y tres de doctorado.
Otra obligación para los campus de nueva creación será la necesidad de contar con un aval económico que garantice la solidez económica y que será el equivalente al presupuesto de la universidad dutante su tercer año de funcionamiento.
Públicas y privadas
La normativa -que modifica un real decreto de 2021- se aplicará a todas las universidades, las nuevas y las ya existentes. Todas las públicas (hay 50) los cumplen de sobra y la inmensa mayoría de las privadas (46) también.
Actualmente, el Ministerio de Ciencia y Universidades tiene encima de la mesa ocho proyectos de facultades privadas (tres de ellas, virtuales) en Aragón, Canarias, Asturias, Extremadura y Andalucía.
La autoridad para aprovar nuevas facultades seguirá siendo de la comunidad autonóma a excepción de las universidades virtuales, cuyo reconocimiento pasará obligatoriamente por el Parlamento con la excepción de aquellas que ya están constituidas, las que, mayoritariamente, impartan la docencia en la lengua cooficial y las que tienen financiación pública.
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