Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, alega que nunca cobró dinero por dirigir su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que varias grandes compañías patrocinaron.
Ahora bien, Gómez sí trató de que este proyecto académico generase beneficios económicos. Tanto es así, que intentó convertir la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva TSC en una asesoría para empresas.
Sin embargo, no consta que la UCM lo autorizara. Y esta idea nunca llegó a salir adelante.
Pero el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, sí llegó a plantear a los servicios jurídicos de la UCM tal posibilidad, como le solicitó la asistente de Gómez en Moncloa,Cristina Álvarez.
El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez y Cristina Álvarez por los supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados.
El magistrado ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar los más de 100 correos electrónicos intercambiados entre la asesora de Moncloa y el exvicerrector.
Es, precisamente, en uno de ellos donde Álvarez plantea a Doadrio la posibilidad de que la cátedra ejerza de asesoría a empresas. Ocurrió el 2 de junio de 2022.
Ese mismo día, el entonces vicerrector reenvió esta consulta al vicegerente de Organización y Planificación de la UCM.
Como relata la UCO en el informe en el que analiza estos mails, Doadrio planteó si la cátedra podría cobrar dinero «si prestara un servicio de consultoría a una empresa que pagase por ello«.
Fragmento del informe de la UCO sobre los ‘e-mails’.
«Días más tarde, se recibe una respuesta parcial, aconsejando elevar la consulta a la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y Centros) o a la Asesoría Jurídica», relata el dosier policial.
En el informe, no consta una respuesta por parte de Asesoría Jurídica a la posibilidad de convertir la cátedra en una consultora. La propuesta nunca llegó a llevarse a cabo.
Ahora bien, fuentes empresariales consultadas por EL ESPAÑOL relatan que el plan de Begoña Gómez para los años venideros, incluso para cuando Sánchez ya no encabezase el Gobierno, era el de reconvertir la cátedra y los proyectos ligados a ella en una consultora para empresas.
Estaría especializada, según esta idea, en las mismas cuestiones que desarrolló en la UCM: asesoramiento a pymes (pequeñas y medianas empresas) en materia de desarrollo sostenible.
En concreto, según estas mismas fuentes, se dedicaría a asesorar a pymes en el acceso a subvenciones públicas y ayudas en esta materia.
De hecho, Gómez es la propietaria única de la empresa Transforma TSC SL, una denominación muy similar a la de su cátedra extraordinaria. Y esta mercantil, a través de su web, ofreció —eso sí, de forma gratuita— una herramienta destinada a pymes para analizar su cumplimiento de índices de desarrollo sostenible.
El juez Peinado también investiga si la esposa de Pedro Sánchez se apropió ilegalmente de esta herramienta, muy similar al software desarrollado y pagado por varias empresas para la cátedra de la UCM.
Según estas mismas fuentes empresariales, Gómez pretendía emular a varios dirigentes socialistas que, tras abandonar la política profesional, optaron por crear consultoras dedicadas al mismo ámbito en el que se desarrollaron mientras cobraban un sueldo público.
Es el caso, por ejemplo, del exministro de Fomento José Blanco y su lobby Acento. O del exdiputado del PSOE Gaspar Zarrías y su Zaño Sociedad Consultora.
Juicio con jurado popular
Peinado ya ha comunicado a Gómez y a Álvarez que, de ser enjuiciadas, lo serán por un jurado popular. Es decir, por ciudadanos inexpertos en Derecho, que decidirían sobre su inocencia o culpabilidad.
Así sucederá tanto en la pieza separada del caso en la que se investigan los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados como en la rama de la causa que versa sobre malversación.
Es decir, existe la posibilidad de que ambas investigadas se enfrenten a dos jurados diferentes. Cada uno, conformado por nueve personas.
El juez atribuye a Gómez y a Álvarez el delito de malversación debido a las gestiones que esta última realizó en favor de los negocios privados de Gómez. En concreto, el envío de correos electrónicos relativos a la cátedra, como los mencionados.
El informe de la UCO constata que la asistente —cuyo cargo eventual, pagado con dinero público, está adscrito a Presidencia del Gobierno— también intervino en la gestión de las finanzas de la cátedra.
Existen más e-mails firmados por Álvarez que los que aparecen en el informe de la UCO. Como desveló EL ESPAÑOL, llegó a solicitar, en nombre de Begoña Gómez, a la empresa Reale Seguros que siguiese financiando la cátedra.
En un escrito, el abogado de Begoña Gómez, entre otros argumentos para negar la malversación, alegó que la esposa de Pedro Sánchez nunca cobró dinero por dirigir su cátedra en la Complutense.
En esa misma pieza principal, la empresaria también está investigada por los supuestos delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida, debido al supuesto apoderamiento del mencionado software desarrollado para la UCM.
La defensa de Gómez asegura que nunca se lo quedó ni lo monetizó, y que lo registró a su nombre siguiendo escrupulosamente las directrices de la Complutense.
