El Gobierno quiere blindar el aborto y que este se convierta en un derecho constitucional. A raíz de la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una iniciativa de Vox que exige informar a las mujeres que deseen abortar sobre la existencia de un supuesto ‘síndrome post aborto’, el Ejecutivo ha anunciado su intención de registrar una reforma de la Constitución en el Congreso para incluir el derecho a abortar y darle así una mayor protección. Sin embargo, para ello necesita el apoyo del PP. A continuación, todas las claves:
Según explican fuentes del Gobierno, su intención es incluir «el derecho al aborto en la Constitución española para consagrar la libertad y autonomía de las mujeres». En este sentido, las mismas voces explican que propondrán una reforma constitucional para que España de «un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas». Así, explican que vehicularán esta propuesta a través de un «procedimiento de reforma ordinario de la Constitución«.
La propia Constitución recoge dos vías para reformar el texto dependiendo de a qué partes afecte. En este caso, al tratarse de una reforma ordinaria, es el camino más fácil. El Gobierno o los partidos que lo conforman, PSOE y Sumar, deberán registrar un texto en el Congreso que, tras ser debatido como una ley más, debe lograr el apoyo de tres quintas partes de la Cámara Baja. Esto son 210 diputados. Después, la modificación pasaría al Senado, donde también necesitaría el apoyo de tres quintos de los senadores, 159 en este caso.
Sí, para alcanzar estas mayorías es completamente imprescindible el apoyo del PP. Los partidos del Gobierno y sus socios (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria, Àgueda Mico (Compromís) y José Luis Ábalos) suman 178 escaños en el Congreso, muy lejos de los 210 requeridos. Por lo que el PP se tendría que sumar. Además, los populares tienen mayoría absoluta en el Senado, por lo que no se aprueba nada en la Cámara Alta si ellos no están a favor.
Hasta el momento, la Constitución se ha reformado en tres ocasiones, siempre por el procedimiento ordinario. La primera en 1992, cuando se firmó en Maastrich el Tratado de la Unión Europea que reconocía el derecho de los ciudadanos de todo el espacio a presentarse a las elecciones locales de otros países. La segunda en 2011, en mitad de la crisis económica que arrancó en 2008, para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Públicas. La última, esta misma legislatura, para sustituir el término «disminuido» por «personas con discapacidad». El acuerdo fue fraguado entre el PP y el PSOE.
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