El Gobierno de Venezuela ha anunciado este viernes que denunciará ante el secretario general de la ONU, António Guterres, lo que ha calificado como una «incursión ilegal de aeronaves de combate» de EEUU a 75 km de las costas venezolanas que, a su juicio, puso «en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial» en el Caribe.
Horas antes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunciaba el «acoso militar» por parte de «aviones de combate» de Estados Unidos, cuyo gobierno mantiene un despliegue naval en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas considera una «amenaza».
En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro informó que también presentará la denuncia ante el Consejo de Seguridad y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin de que «se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas».
«Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela (…); denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional», manifestó Padrino López durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada.
En una transmisión del canal estatal VTV, el ministro indicó que el sistema integrado aéreo de Venezuela ha detectado «aviones de combate» estadounidenses, algo que dijo «fue comprobado y verificado», incluso por una aerolínea internacional que reportó la presencia de las aeronaves a la torre de control de Maiquetía, el aeropuerto que sirve a Caracas.
«Nunca habíamos visto este despliegue de aviones. Sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano (…) Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida», expresó el responsable político de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Según el ministro, se detectó la presencia de «más de cinco vectores» con «características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies».
Es por ello que el Ejecutivo de Maduro ha exigido al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, cesar lo que califica como una postura «guerrerista»: «Exigimos el cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional», reza el comunicado oficial.
En septiembre pasado, Padrino López denunció que EEUU realiza vuelos de «inteligencia» contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un «plan de amenaza militar y de intervención» para «desplazar al presidente Nicolás Maduro«.
En este sentido, detalló entonces que «siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos» en el Caribe pero, añadió, ahora han pasado de un patrón diurno al nocturno y de madrugada, y a «triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela».
Un «conflicto armado» contra el narcotráfico
Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.
Trump ha informado este jueves que su país está involucrado en un «conflicto armado» formal con los cárteles de la droga y que los miembros de esos grupos son «combatientes ilegales», según ha declarado su Administración en un aviso confidencial al Congreso visto por los medios locales.
El aviso fue enviado esta semana a varios comités del Congreso y da una justificación legal de por qué deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que el mandatario ordenó contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, que causaron 17 muertos.
Al menos dos de esas operaciones se llevaron a cabo en embarcaciones procedentes de Venezuela.
Según especialistas legales consultados por The New York Times, la decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los cárteles como un conflicto armado activo significa que está consolidando su derecho a los poderes extraordinarios en tiempos de guerra.
La notificación al Congreso afirma que Trump ha «determinado» que los cárteles involucrados en el tráfico de drogas son «grupos armados no estatales» cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».
