El Gobierno se resiste a las presiones de sus socios de Gobierno, Sumar, y también de Podemos para desatascar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de migrantes vía decreto. Un procedimiento exprés que ya utilizó en su momento el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que se plantea tanto como respuesta al endurecimiento de discurso del PP en materia migratoria como a la falta de avances en la tramitación parlamentaria de la ILP por la que podrían verse beneficiados hasta medio millón de inmigrantes. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que comparte el contenido y la naturaleza de la iniciativa, pero abogando por que “su trámite continúe en el Congreso para ser aprobado lo antes posible”.
Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican asimismo que la iniciativa para la regularización “se está debatiendo en el Congreso” y conminan a los socios a posicionarse. Las Cortes, sostienen, son el “escenario propicio para ello”, descartando, al menos por el momento, tomar la iniciativa a través de un decreto. “El Gobierno siempre ha defendido que el debate y la negociación de esta iniciativa se produzca en sede parlamentaria y todos los grupos tengan oportunidad de pronunciarse”, añaden las mismas fuentes.
La agitación del debate sobre la migración tras el plan presentado por el PP el pasado fin de semana en Murcia ha sido contestado desde el Ejecutivo como una “irresponsabilidad”. La portavoz del Gobierno ha acusado a los populares de “copiar el discurso xenófobo de Vox” por intentar arañar votos a la formación de ultraderecha. Frente al intento de asociar inmigración y delincuencia, Alegría desplegó un discurso favorable a la integración y defendido que “la prosperidad que ahora tenemos es gracias también al trabajo de los inmigrantes”.
Además de matizar que para recibir ayudas sociales como el ingreso mínimo vital (IMV), cuyos “inmensa mayoría” de preceptores son de origen español, se necesita al menos un año de residencia, la también ministra de Educación y Deportes se apoyó en un informe del Banco de España para asegurar que entre el 0,4 y el 0,7% del crecimiento en renta per cápita la aportan los migrantes. “Se señala a los migrantes por su gasto en el sistema de salud, pero el 10% lo aportan ellos y solo representan el 1% del gasto”, añadió. De ahí que insistiese, dirigiéndose al PP, que “para hacer frente a los discursos xenófobos y racistas no los puedes copiar”.
Una de las principales propuestas de la declaración suscrita por todos los barones del PP tiene que ver con la expulsión de los inmigrantes ilegales que delincan y de los regularizados que sean reincidentes y el veto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aquellos extranjeros que no tengan cotización a la Seguridad Social.
Batalla por condicionar la agenda
Otra de las medidas centrales esbozadas en la declaración firmada por todos los líderes territoriales del PP, que el partido aterrizará en un plan más específico sobre inmigración en octubre, es la creación de un estricto sistema de visados inspirado en los países menos laxos con quienes llegan de fuera, como Australia, Canadá o el Reino Unido, vinculados además a la integración «cultural».
Los populares buscan centrar la agenda en la inmigración, un asunto que consideran más favorable, frente al empeño del Gobierno de priorizar el “genocidio” de Israel en Gaza. Principalmente, impulsados por el escudo institucional que ha supuesto el discurso del rey Felipe VI ante la ONU, cargando contra esta “masacre” y defendiendo la solución de los dos Estados.
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