Ecuador repite una escena conocida del conflicto social. El aumento del precio de los combustibles puso en aprietos a los presidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso, este último antecesor de Daniel Noboa, quien vuelve a tropezar con la misma piedra en medio de un conflicto social que vuelve a poner en escena los enfrentamientos en las calles entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y las fuerzas de seguridad. En las últimas horas ha muerto un integrante de esa organización por las balas policiales. «Fue acribillado con tres disparos», dijo la Conaie sobre un episodio que tuvo lugar en Cotacachi, al norte del país. La Fiscalía ha decidido investigar el episodio. Los choques en distintas ciudades han dejado 14 uniformados heridos y cerca de 600 manifestantes arrestados.
Una caravana encabezada por Noboa fue supuestamente atacada el domingo con cócteles molotov mientras intentaba llegar con ayuda a comunidades de la zona de Cotachi, a 100 kilómetros de Quito. «El objetivo del presidente es velar y proteger la vida de todos los ecuatorianos, pero hay grupos infiltrados que buscan el enfrentamiento y no representan a la ciudadanía», dijo la portavoz del Gobierno Nacional, Carolina. Para el mandatario, hijo de la principal fortuna del país, Álvaro Noboa, buena parte de los que participan de las acciones contra el Gobierno son vagos. «Que se pongan a trabajar y dejen de molestar».
La Conaie defiende una «estrategia de resistencia milenaria, colectiva y civil para defender la vida frente a las amenazas a sus territorios». La organización suele exhibir una capacidad de movilización que nunca se traduce en buenos resultados electorales. Su territorio de disputa es el espacio público. Es ahí donde ha erosionado el poder de Moreno y Lasso. Noboa ha reincidido en la misma medicina, pero no quiere debilitarse como sus antecesores. Por eso, implantó un estado de excepción en ocho de las 24 provincias y estableció toques de queda nocturnos en cinco de ellas. Las medidas excepción no frenaron el descontento y Ecuador entra este lunes en su segunda semana de protestas activadas por el rechazo a la decisión del Gobierno de retirar el subsidio al diésel, y que incluyen marchas y bloqueos de carreteras y avenidas.
El Tren de Aragua
Noboa ha tomado a la vez un paso audaz, a tono con las políticas de criminalización que tienen lugar en Estados Unidos con Donald Trump. Las protestas, dijo, son manipuladas por el Tren de Aragua, un grupo de delincuentes nacido en las cárceles venezolanas y que ha perforado las fronteras de ese país para ramificarse por la región. Al justificar el hundimiento de cuatro supuestas narco lanchas en el Caribe sur, Estados Unidos invocó la presencia de esa facción que, según Caracas, ya no tiene inserción en Venezuela. Noboa la ha ubicado en el centro de la escena política. El joven mandatario, quien en mayo pasado inició su segundo Gobierno y ambiciona reformas de alto calado que alcanzan a la propia Constitución, advirtió que los responsables de violar la ley durante las protestas enfrentarán cargos por terrorismo, con penas de hasta 30 años de cárcel.
«Las movilizaciones con cierre de vías son la única salida para algunos sectores sociales, sindicalistas e indígenas que reclaman por las medidas económicas en Ecuador. Estos reclamos están acompañados de un pliego de exigencias, pero no de alternativas para financiar los pedidos ni para alcanzar un crecimiento económico sostenido», señaló el diario capitalino ‘El Comercio’ en su editorial de este lunes. La publicación recordó las grandes protestas de 2019 por la eliminación de subsidios a los combustibles. «Las pérdidas económicas totales se estimaron en 821,7 millones de dólares». En junio de 2022 ocurrió lo mismo. «En esta ocasión, las pérdidas fueron mayores: se estimaron en 1 115,4 millones de dólares».
Trasfondo económico y político
El PIB ecuatoriano retrocedió dos puntos en 2024 y se espera una mejora del 3% para este año que Noboa considera crucial. El presidente promueve una consulta popular con 11 preguntas relacionadas con el sistema laboral y otros aspectos nodales como la vuelta de una base militar de Estados Unidos. Otro de sus puntos se conecta con este presente de conflictividad. Los ecuatorianos deben responder si están de acuerdo «con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza». Desde el momento en que la protesta social se equipara con el terrorismo que encarnan las bandas de narcotraficantes que asolan el país, los hechos represivos podrían ser contemplados en este cambio que propone el Ejecutivo.
El expresidente Rafael Correa intentó tomar partido en la crisis desde su exilio belga. «El Gobierno está acabado, que ya no haga más daño a la Patria. Afortunadamente, existe salida constitucional y democrática a la crisis. Cuánta destrucción en dos años y medio. Mi solidaridad con los detenidos y heridos. No vamos a aceptar que se desprecien a los más pobres, a los sectores indígenas. La fuerza pública debe aplicar la objeción de conciencia».
La Conaie le contestó con vehemencia. «¡Miserable! Rechazamos el oportunismo descarado, el correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años, hoy pretende aprovecharse de nuestra plataforma de lucha. No olvidamos a Jose Tendetza, Bosco Wisuma, Fredy Taish, asesinados por su aparato estatal».
Suscríbete para seguir leyendo
