En plena investigación a dos trabajadores de la cárcel de Brieva (Ávila) por dar regalos a Ana Julia Quezada a cambio de sexo, la asesina ha protagonizado un nuevo incidente. Según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, un funcionario de la prisión descubrió que Quezada ocultaba un objeto prohibido.
Se trata de un juego de cartas, que fue requisado. Ana Julia, según fuentes penitenciarias, reconoció que la baraja era suya, pero aseguró que se la había entregado «el demandadero», un trabajador del centro penitenciario. La prisión abrió una investigación interna y trasladó a la asesina, interna en el módulo azul de Brieva, considerado «de respeto» y en el que las internas gozan de un régimen menos severo, al módulo rojo, mucho más estricto.
«El Amazon de los presos»
El demandadero es un trabajador que ejerce funciones similares a las de un ordenanza, y está presente en todas las cárceles españolas. Algunos funcionarios describen ese servicio como el «Amazon de los presos». Los internos pueden acudir a él cuando quieren comprar algo de lo que no disponen en el economato de la prisión. En todos los casos, los reclusos tienen que pedir una autorización por escrito a la dirección y esta debe aprobar su solicitud.
«Entre las cosas que más suelen pedir están prendas de ropa, zapatillas de deporte, ventiladores, televisores, bombillas, material de estudio, suplementos alimenticios…», explica un funcionario de prisiones. Como el dinero está prohibido dentro de la cárcel, la compra de esos objetos se descuenta del peculio de los reclusos, una tarjeta en la que disponen de un máximo de 100 euros al mes.
Prohibidos los juegos de azar
Por motivos de seguridad, los juegos de azar están prohibidos en las prisiones, con algunas excepciones como el parchís o el dominó. Fuentes penitenciarias explicaron que «cualquier juego con el que los presos puedan apostar no está permitido para evitar peleas e incidentes entre ellos». Añadieron que cada prisión tiene sus normas específicas en este sentido: «La baraja de póker está prohibida en todas; la española, solo en algunas».
Un funcionario y un cocinero de la cárcel de Brieva están siendo investigados por entregar un teléfono móvil, chocolate, perfumes y otros objetos a Ana Julia a cambio de mantener relaciones sexuales con ella. La semana pasada la Audiencia de Ávila reconoció a Quezada la condición de perjudicada en ese procedimiento.
Además, Ana Julia está siendo investigada por amenazar de muerte, desde prisión, a Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño que asesinó en 2018. El juzgado de instrucción 1 de Almería ha tomado declaración ya tanto a Quezada como a su pareja, una mujer a la que imputan el mismo delito. Se trata de una joven catalana que, según la documentación del caso, visita a la asesina en la cárcel y mantiene vis a vis con ella.
