La tarde de este sábado Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, estaba citada para estar cara a cara con el juez Juan Carlos Peinado, en su juzgado de la Plaza de Castilla. Iba a ser la quinta vez.
Esta vez iba a ser para que se le comunicase que las diligencias se transforman en un procedimiento de los establecidos en la ley orgánica del jurado.
Al final, delegó en su abogado, Antonio Camacho.
Hace meses que el Gobierno no ha eludido descalificar en público la actuación de Peinado. Ahora, esas manifestaciones se convierten, en privado, en frases irreproducibles que parten de la idea de que el juez mantiene una «persecución» a la esposa de Sánchez.
Esos «excesos» del juez que denuncian incluten episodios como las dos visitas a la Moncloa para constatar que Sánchez está casado con Gómez o que el ministro Félix Bolaños no es responsable de la contratación de la asistente de la esposa del presidente.
Estas fuentes diferencian entre la actuación de la jueza instructora del caso contra David Sánchez, el hermano del presidente, y Peinado, aunque en ambos casos el jefe del Gobierno defienda la inocencia de sus familiares.
Entienden que la jueza Beatriz Biedma no ha actuado como Peinado, aunque no compartan sus resoluciones que han llevado al banquillo a David Sánchez..
Además, hacen extensivo ese disgusto a las «instancias superiores que podrían frenar» a Peinado, y esta falta de acción les provoca «incredulidad».
En ese catálogo de instancias superiores que provocan sorpresa en el Ejecutivo, incluyen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Audiencia Provincial de Madrid, que es el órgano que debe revisar las actuaciones de Peinado.
De hecho, la Audiencia ya ha frenado algunas actuaciones del juez, pero el entorno del presidente lamenta que no hayan ido más allá, aunque lo intentarán de nuevo con otro recurso a la decisión que les notifique Peinado este sábado. En el caso del CGPJ, el Gobierno lamenta la falta de celeridad en tramitar un expediente. abierto, tras la denuncia del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños.
Esta vez, creen que podría hacerlo impidiendo lo que consideran un «escarnio» hacia Begoña Gómez, haciéndola comparecer reiteradamente y, además, un sábado por la tarde. Consideran además que no puede considerarse a Gómez cargo públio o funcionaria y, por tanto, no puede imputársele un delito de malversación. Tampoco hay beneficio económico para ella en sus actividades en la universidad pública, ni perjuicio para el erario y que anteriores presidentes del Gobienro han tenido asistentes para sus cónyuges que les han ayudado en su actividad privada.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya ha presentado varias quejas contra Peinado ante el CGPJ por el interrogatorio que le hizo el juez, que, de hecho, han dado lugar a la apertura de un expediente del que no se conocen avances. El responsable de Justicia y Presidencia se quejaba de un trato improcedente del juez en el interrogatorio que le hizo en la Moncloa donde, además, el juez «retorció» una respuesta para intentar imputarle.
Esa actuación de Peinado fue corregida con dureza por el Tribunal Supremo al rechazar la exposición razonada del juez que pretendía imputar al ministro por malversación. Pese a ello, Peinado ha seguido adelante acusando de malversación a Begoña Gómez, su asistente y al delegado del Gobierno en Madrid, que fue secretario general de Presidencia.
En este último caso, el Gobierno considera extraño que el juez acuse de malversación a Francisco Martin por la contratación de una asistente, tal y como se ha hecho siempre en la Moncloa. Explican que en el caso hipotético de que luego se hubiera producido malversación por el envío de correos sobre la actividad privada de la mujer del presidente no parace lógico acusar a quien la nombró, como si fuera responsabel de los hechos.
El ministro ha asegurado este viernes que le preocupan «las actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la Justicia», en referencia a Peinado.
Además, el ministro, como Moncloa, pone el foco sobre el CGPJ, al que pide que actúe con «agilidad y que resuelva cuanto antes» sus quejas.
«Yo sólo quiero decir que, como ministro de Justicia, me preocupan aquellas actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la Justicia«, añadió.
