El Parlamento de Canarias obvió referirse a que a la «violencia sistemática ejercida contra el pueblo palestino, así como a la destrucción deliberada de su infraestructura civil y humanitaria», es un genocidio, palabra que no usa ni un solo dirigente del PP y, ni mucho menos, los representantes de Vox.
Se buscó de forma diplomática el más amplio consenso para condenar la respuesta del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu al «atentado terrorista atroz» de Hamás en octubre de 2023, pero ni así se logró que los tres diputados de la derecha más radical apoyaran la declaración institucional en la que la Cámara regional «se solidariza con todas las víctimas civiles e insta a la comunidad internacional, y en particular a la Unión Europea (UE) y al Gobierno de España, a intensificar sus esfuerzos diplomáticos y humanitarios para garantizar un alto el fuego inmediato y permanente, la protección efectiva de la población civil, el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria, y adoptar medidas de protección temporal a favor de las familias palestinas en una situación especial de vulnerabilidad equivalentes a las aplicadas en otras crisis humanitarias recientes».
Dos Estados: Palestina e Israel
Asimismo, el Parlamento subraya «su compromiso con la solución de dos Estados soberanos, Israel y Palestina, con la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y la paz, así como su solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con quienes han sido víctimas directas de la violencia, el desplazamiento forzoso o la destrucción de sus hogares e infraestructuras».
El documento fue leído por la vicepresidenta del Parlamento, Ana Oramas, antes de proceder a llevar a cabo un minuto de silencio tanto por «la muerte de más de 1.200 personas y el secuestro de 251 rehenes» como por las «65.000 personas fallecidas, de ellas más 19.000 niños y niñas; más de 165.700 heridos; y casi dos millones de personas desplazadas» en Gaza.
El texto consensuado no habla de genocidio, pero denuncia que «la respuesta militar del Gobierno de Israel ha derivado en una campaña de destrucción masiva y desproporcionada que, tras casi dos años, afecta principalmente a la población civil palestina».
Violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario
La declaración incluye un completo listado de las actuaciones del Gobierno de Netanyahu y sus consecuencias: «más de 21.000 niños han adquirido alguna discapacidad. Las violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario son sistemáticas. Han sido atacados hospitales, escuelas, universidades, instalaciones de Naciones Unidas (ONU) y centros de culto. Más de 240 periodistas y más de 500 trabajadores humanitarios han perdido la vida».
Además, el Parlamento canario recuerda que la Corte Penal Internacional (CPI) «ha emitido órdenes de arresto contra dirigentes de Israel y de Hamás por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad» y que la Corte Internacional de Justicia «ha dictaminado medidas para poner fin a la ocupación de territorios y garantizar el acceso de la población a la ayuda humanitaria» sin que hasta el momento el gabinete de Netanyahu se haya dado por aludido.
Alto el fuego inmediato
Por último, la Cámara regional recuerda que el Parlamento Europeo, el pasado 11 de septiembre, aprobó una resolución histórica sobre ‘La situación en Gaza: hambruna, liberación de rehenes y avance hacia la solución de los dos Estados’, un texto que insta a los 27 gobiernos de los Estados miembros a «adoptar medidas contundentes frente a las violaciones del derecho internacional, reclamando un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y la entrega urgente de asistencia humanitaria».
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