El pasado martes 16 de septiembre, se anunció públicamente el pacto entre Junts y el PSOE para que se garantice por ley el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las grandes empresas y operadores de servicios básicos en España. Además, la atención ya no dependerá de las empresas, sino que deberán adaptarse y responder en la misma lengua en la que el cliente se dirija, ya sea catalán, castellano u otra cooficial.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha manifestado los ciudadanos catalanes deben tener «los mismos derechos lingüísticos que un francés o un inglés», haciendo referencia a que a ellos se les cambia el idioma e incluso dominarlos se ha convertido en un requisito para muchos trabajos.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras
Además, Nogueras ha asegurado este miércoles que la obligación para las grandes empresas de prestar la atención al cliente en catalán y en el resto de lenguas cooficiales «será en toda España».
En esta misma línea, Junts anunció el martes un pacto con el Gobierno de Sánchez para «blindar» el catalán en el Proyecto de Ley de Atención al Cliente, haciendo «obligatorio» que los trabajadores de los servicios de atención al cliente conozcan el catalán para poder atenderlos respetando sus derechos lingüísticos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras
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Tras el anuncio, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comentó que la ley de Servicios de Atención al Cliente contemplará la propuesta de que en los territorios con lenguas cooficiales, se ofrezca la posibilidad de reclamar en esas lenguas ante grandes empresas -de más de 250 empleados y que facturen más de 50 millones de euros.
