Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, ha puesto en duda la continuidad de Glovo en España por los costes que implicarían las multas impuestas a su modelo laboral y la reclasificación de sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena en lugar de su consideración como trabajadores autónomos.
«Con respecto a los riesgos de reclasificación existentes de los repartidores en la filial consolidada del grupo Glovoapp23 España, que pueden exponer a esta filial a cargas sociales adicionales y sanciones, destacamos que, si estos riesgos se materializaran de forma integral, dichos pagos no podrían satisfacerse dentro de sus actividades comerciales operativas sin el apoyo financiero adicional de Delivery Hero. En consecuencia, existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovo España para continuar como empresa en funcionamiento», advierte la empresa.
A 31 de julio, la Seguridad Social ha reclamado a Glovo el pago de 450 millones de euros en concepto de multas y cotizaciones sociales por la reclasificación de sus repartidores, a los que la ‘Ley Rider’ española exige considerar trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Según consta en el informe de resultados del primer trimestre del año de Delivery Hero, propietaria de Glovo, en julio de este año comenzó a recibir las decisiones definitivas de reclasificación laboral de sus repartidaros por parte de las autoridades españolas, exigiéndole el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.
«A 31 de julio de 2025, estas decisiones dieron lugar a solicitudes por un importe aproximado de 450 millones de euros en concepto de obligaciones y multas en materia de Seguridad Social», reconoce el grupo.
No obstante, esta cifra podría quedarse corta. La compañía calcula que, a 30 de junio de este año, las contingencias relacionadas con el riesgo de reclasificación laboral de sus repartidores oscilaría entre los 562 y los 923 millones de euros, principalmente en relación con España y el modelo de negocio que Glovo introdujo en agosto de 2021.
«Si, como resultado de las investigaciones, los tribunales españoles reclasificaran a la flota de repartidores como empleados, el Grupo podría enfrentarse a reclamaciones en España por cotizaciones a la Seguridad Social, recargos por mora y multas, así como reclamaciones de IVA por un importe total de entre 520 y 860 millones de euros aproximadamente», apunta la empresa.
La plataforma alemana asegura que Glovo no reconocerá las reclasificaciones, sino que mantiene la posibilidad de seguir defendiendo la condición de autónomos de sus repartidores a través de todas las instancias disponibles, «cumpliendo con las solicitudes de pago en la segunda mitad de 2025».
