Se trata de una de las viejas aspiraciones del PSOE. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, trabaja para incluir una disposición que impondría penas de cárcel a aquellos que obtienen beneficios por prestar un inmueble para ejercer la prostitución en la ley con la que pretende «abolir» esta actividad.
Es decir, la norma hubiera condenado a prisión al suegro del presidente, Pedro Sánchez, y a los hermanos del padre de Begoña Gómez, quienes regentaron durante décadas locales en los que se ejercía esta práctica.
El concepto que plantea la ministra de Igualdad es lo que se conoce como tercería locativa. Una figura jurídica que estuvo presente en el Código Penal desde época franquista hasta 1995, cuando se reformó su articulado.
Aquel texto definía así a este tipo de personas físicas: “el amo, gerente, administrador o el encargado del local, abierto o no al público, en que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción y toda persona que, sabiéndolo, participe en su financiación».
Se incluye, por tanto, en esta categoría a quienes se lucran de esta manera de la prostitución aunque no tengan ningún tipo de relación contractual con quienes la ejercen.
La ministra ultima ahora el texto de una ley que pretende llevar al Consejo de Ministros en septiembre y en el que estaría ese concepto de tercería locativa, como ya anticipó el pasado junio, cuando anunció que a la vuelta de verano retomaría una ley para “abolir la prostitución”.
“Hay que penalizar a quien se aprovecha y está convirtiendo la prostitución en un gran negocio, en un negocio muy lucrativo«, dijo Ana Redondo al respecto de esta figura jurídica.
No en vano, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, atacó a Sánchez poco después en el Congreso con unas palabras muy calculadas: “¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución”.
En la sauna ubicada en el número 36 de la calle San Bernardo de Madrid, regentada primero por Sabiniano Gómez -padre de la mujer del presidente- y después por su hermano Enrique, existía una planta con habitaciones donde subían quienes acordaban un precio con los habituales del local.
Algo que pudieron comprobar periodistas que acudieron allí y que recibieron proposiciones en ese sentido.
Mientras, en otros locales como de Castellana 180, también en Madrid, se ejercía la prostitución sin apenas disimulo. La organización Stop Abolición ha organizado una ruta simbólica por una decena de antiguos clubes que estuvieron controlados por la familia de la mujer del presidente.
Vuelta al Código Penal
Lo que pretende Igualdad es que la tercería locativa esté incluida en el artículo 187 del actual Código Penal.
Un epígrafe que en estos momentos establece que “se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”.
En caso de «violencia» o de «vulnerabilidad de la víctima», la pena aumenta de dos a cinco años de cárcel.
Artículo 187 del Código Penal.
Así, tanto el suegro del presidente como sus hermanos, quienes ya se habrían desprendido de estos negocios, se hubieran expuesto al menos a esas penas de dos a cuatro años de prisión.
Aunque la ministra plantea que haya incluso un aumento de esas condenas.
Intentos frustrados
No es la primera vez que el PSOE aspira a recuperar la tercería locativa. Lo intentó en 2022 durante la tramitación de la ley del sólo sí es sí. Introdujo una enmienda para incorporarla, pero el rechazo de Unidas Podemos y otros grupos empujó a las socialistas a retirar ese aspecto para salvar la ley.
En marzo del año pasado el principal partido del Gobierno registró una proposición de ley para prohibir todo tipo de proxenetismo, que también incluía esta figura jurídica. Pero el rechazo de sus socios de Sumar, ERC, PNV o Junts les obligó a retirar la propuesta legislativa.
La tercería locativa fue uno de los aspectos más polémicos de la negociación. Y ahora el PSOE la plantea de nuevo como respuesta a los escándalos sexuales que han protagonizado cargos de su partido como Paco Salazar o el exministro José Luis Ábalos junto con su exasesor Koldo García.
Sánchez, una vez más, tendrá muy difícil encontrar el apoyo del resto de grupos, que se dividen entre las posturas abolicionistas y los que apuestan por una mayor regulación de la prostitución.
La secretaria general del sindicato de prostitutas Otras, Mónica Martín, calificó recientemente en una entrevista en EL ESPAÑOL la tercería locativa como una forma de “violencia institucional” contra el libre ejercicio de su actividad.
Esta organización se declara partidaria de que las trabajadoras sexuales puedan cotizar a la Seguridad Social.
La prostitución en internet
Otro de los aspectos en los que ahonda la nueva ley consiste en combatir la prostitución en internet, según adelantó El País. Aún no se conocen los detalles, pero el Gobierno tratará de perseguir el proxenetismo ejercido a través de páginas o webs o aplicaciones, donde han migrado buena parte de las trabajadoras sexuales.
Un reciente estudio, publicado por el propio Ministerio de Igualdad, recopiló anuncios que correspondían a 114.576 mujeres y calculó que en 2023 podía haber en España entre 152.735 y 184.234 mujeres en «situación de prostitución». Es decir, la mayoría tenían presencia en internet.
De ellas, un máximo de un 15% podrían estar en riesgo de trata y hasta un 24% en riesgo de explotación sexual. Por tanto, alegan las partidarias de una mayor regulación, el resto deben estar ejerciendo esta actividad de forma voluntaria.
El experto en derecho digital Borja Adsuara considera que para prohibir el proxenetismo en internet, primero hay que establecer quiénes están ahí sometidas por otra persona y quienes no.
“El término es tan amplio que si se pretende eliminar esta actividad de la red, quizás habría que prohibir toda la pornografía”, asegura.
En 2022 el Gobierno prohibió por ley los anuncios de prostitución en internet. Pero dos años más tarde, el Ministerio de Igualdad recogía en el citado informe que hay muchos dominios que escapan de su control.
“Se han producido algunos cierres, migraciones o cambios de dominio, otras se han mantenido abiertas y operan con normalidad reinventándose o utilizando eufemismos para eludir la nueva regulación”, admite el Ministerio en este documento.
Según los expertos en derecho digital, existen multitud de vías para escapar de las restricciones, como que los usuarios accedan con VPN o que los anunciantes utilicen subterfugios como anuncios en los que se ofrezca “compañía” o “masajes”.
“Otra opción sería directamente prohibir Only Fans, pero eso sería un escándalo y una barbaridad”, sentencia Borja Adsuara. La plataforma, que en 2024 tenía registrados 377 millones de usuarios en todo el mundo, ha estado en otras ocasiones en el centro de la polémica.
Hace un año la Policía y la Fiscalía de Andorra abrieron una investigación contra Sergio Fuentes, encargado de administrar las cuentas de 25 chicas en esta plataforma, por supuesto proxenetismo.
También, organizaciones feministas han calificado a Only Fans como una nueva vía para favorecer la explotación sexual, la prostitución y la pornografía. La cuestión, insisten los expertos, radica en discernir cada uno de esos aspectos para comprobar cómo pueden ser penados.
