La comunidad educativa del colegio Joaquín María López de Villena se ha unido a la familia de una alumna con necesidades especiales del centro para reclamar a la Conselleria de Educación que se adjudique la plaza de educadora de educación especial que llevan reclamando desde el curso pasado. Tanto la familia como el centro señalan que están dispuestos a llegar «hasta donde haga falta» para que la menor pueda tener la educación de calidad que exige la ley.
En el escrito remitido a este medio de comunicación la familia de la pequeña hace referencia al artículo 71 en su punto tercero de la LOMLOE y al el Decreto 104/2018, de 27 de julio del Consell en los que se establece que se «debe garantizar la adecuada atención del alumnado con necesidades educativas especiales, aportando los medios humanos y recursos materiales necesarios para una efectiva integración de todo el alumnado bajo el principio de inclusión».
El padre de la alumna, Pedro Muñoz, ha asegurado que el «sistema educativo no puede abandonar o aparcar a aquellos alumnos o alumnas que necesitan una ayuda adicional para poder integrarse en la dinámica del aula y aprender como el resto». Muñoz ha explicado que, sin embargo, desde el principio de este curso escolar, la administración educativa «no ha sido capaz» de cumplir en el caso de su hija, una alumna que desde el día 11 de septiembre, «carece de los recursos humanos que durante el curso anterior se consideran imprescindibles para una atención educativa digna y que posibilite su desarrollo como el resto de compañeros y compañeras».
La familia de la pequeña denuncia que son las propias maestras las que están realizando las labores de atención a la menor
«Nuestra hija padece una enfermedad rara llamada Síndrome de Rett, la cual la hace dependiente casi al 100% y necesita de la atención especializada de una o un educador de educación especial para poder atenderla, ayudarla en sus tareas y darle los cuidados que necesita durante toda la jornada lectiva«, explica Pedro Muñoz.
El equipo docente, ya el curso anterior, emitió el correspondiente informe de necesidades y se dispuso de una educadora para dar soporte educativo a la menor. De cara a este curso tanto el centro como la familia cursaron una solicitud de forma urgente con criterio de necesidad crítica que todavía no ha tenido respuesta. «A dos meses del inicio del curso seguimos sin educador y teniendo que adaptar recursos para poder atender adecuadamente a nuestra hija a la que ahora mismo atienden las propias maestras del centro, un trabajo extra que no les corresponde y que están haciendo por no dejar sola a mi hija» aclara Muñoz.
La familia ya ha solicitado hablar con el responsable territorial mediante el procedimiento habilitado para tal efecto, una llamada que pese a haberla solicitado hace tres semanas y tener conciencia que le han comunicado que nos llame de carácter urgente todavía no han recibido. «La respuesta de la Dirección Territorial de Educación de Alicante ha sido intentar hacernos partícipes a los interesados de la inoperancia del sistema de adjudicaciones de personal y las dificultades entre áreas administrativas, sin que nadie en particular asuma la responsabilidad de la falta de respuesta a las necesidades efectivas de nuestra hija», explica Muñoz.
«Tanto nosotros como familia afectada, así como el AMPA del CEIP Joaquín María López manifestamos nuestra más enérgica indignación por la incapacidad de la Dirección Territorial de Educación de Alicante de dar respuesta al derecho de nuestra hija a ser educada mediante una inclusión efectiva. Por lo que solicitamos a dicha Dirección Territorial la inmediata incorporación al centro de un Educador o Educadora que garantice la adecuada atención educativa de nuestra hija».
