La Asociación de Periodistas de Investigación (API) ha rechazado en un mensaje publicado en «X» (la antigua Twitter) que la Agencia Tributaria abriera una inspección en septiembre de 2017 al periodista del diario ABC Javier Chicote después de que este informara desde abril del mismo año sobre una querella que la Fiscalía Anticorrupción había presentado contra varios socios del despacho Equipo Económico, que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006, tal y como adelantó en exclusiva este periódico.
«Esa investigación clandestina sería un acto de persecución fiscal y un uso torcido del poder del Estado contra un periodista por ejercer el derecho a informar», destaca el comunicado, que subraya que «sin periodismo no hay democracia».
Informaciones propias
Esta redacción ha venido informando de que el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, investiga de forma secreta junto a la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, si los socios de Equipo Económico se aprovecharon de sus «influencias» en el Ministerio de Hacienda, en el que desempeñaron importantes cargos, para favorecer a clientes, e incluso parta promover reformas legislativas.
La API denuncia, en concreto, que la inspección de la Agencia Tributaria se llevara a cabo «por el hecho de publicar informaciones incómodas para el entonces ministro Cristóbal Montoro», que en 2017 era ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, y que llevaba ya desde 2008 desvinculado del despacho que creó con el nombre de «Montoro y Asociados», que después pasó a denominarse Equipo Económico.
En el comunicado, la API pide a la Federación de Asociaciones de Periodistas España (FAPE) y a la Asociación de la Prensa de Madrid «que se unan y promuevan las acciones que sean necesarias para que este gravísimo hecho no quede impune«.
Estos informadores también reclaman al instructor del caso en Tarragona que las pesquisas «lleguen hasta el final y se depuren responsabilidades», pues prosigue el comunicado, «una democracia no puede consentir esos actos de desvío de poder que suponen una vulneración de derechos fundamentales ejecutada desde el poder contra los que considera desafectos».
