Los asalariados españoles empiezan ya a jubilarse, de media, a partir de los 65 años. Pese a que legalmente la edad de retiro está fijada en España entre 65 y 67 años (dependiendo del tiempo cotizado), hasta ahora era habitual que una parte de los trabajadores anticiparan su jubilación y ello tirara hacia abajo la media. No obstante, y tras las recientes reformas del Gobierno, que incentivan retrasar la jubilación y penalizan avanzarla, este mes de agosto aquellas personas que se jubilaron lo hicieron por primera vez a la simbólica cifra de los 65 años, de media. Más concretamente a los 65,15 años de edad real y efectiva, según fuentes consultadas del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
Los trabajadores en España están alargando su vida laboral, azuzados por las últimas reformas del Ejecutivo. Los incentivos para demorar el retiro y las penalizaciones para anticiparlo, así como las nuevas fórmulas de jubilación parcial y flexible, entre otros, han provocado que los trabajadores del régimen general se jubilen hoy un año más tarde de lo que lo hacían habitualmente antes de que estallara el covid.
El retiro de la generación de los ‘baby boom’ ha comenzado y paulatinamente la prole más nutrida de la historia va abandonando el mercado laboral. Lo que supondrá un reto para la sostenibilidad del sistema público de pensiones español, que ya empieza a notar los efectos de esa transición. Este martes la Seguridad Social ha publicado los datos de la nómina de agosto de las pensiones, que revelan, un mes más, una cifra de gasto récord: 13.620,9 millones de euros para costear 10,37 millones de pensiones.
El número de pensionistas ha ido aumentado en los últimos años, así como la pensión con la que se jubilan. Hace 20 años el Estado pagaba 8 millones de pensiones, con una pensión media de 611 euros. Hace 5 años, justo el año que estalló el covid, pagó 9,8 millones de pensiones, con una pensión media de 1.011 euros al mes. Y hoy, en 2025, paga 10,3 millones de pensiones, con un importe medio de 1.311 euros brutos.
Alargar la carrera profesional de los españoles –así cotizan más años y cobran pensión durante menos tiempo- es una de las vías que el Gobierno ha activado para apuntalar y hacer sostenible el sistema público de pensiones. Y las últimas reformas van dando sus frutos en ese sentido, tal como refleja la simbólica efeméride de los 65 años.
Las jubilaciones demoradas se han duplicado durante el último lustro y ya representan el 11,4% de las nuevas altas. Es decir, uno de cada 10 nuevos jubilados se retira más tarde de lo que podría retirarse por edad y años cotizados. En 2019 dicho porcentaje era del 4,8%. Y, por el otro lado, las jubilaciones anticipadas se han ido reduciendo paulatinamente durante ese mismo periodo y actualmente suponen el 27,6% del total de nuevas jubilaciones. Es decir, uno de cada cuatro españoles se retira antes de lo que legalmente le tocaría, lo que luego le implica una merma en su pensión.
Nuevas reformas tras las vacaciones
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, se encuentra actualmente en negociaciones con patronal y sindicatos para pactar nuevas reformas que permitan al mercado laboral español retener a parte de esos profesionales que enfilan hoy el retiro. No en vano, organismos como la OCDE advierten de que el relevo de ‘millenials’, ‘zetas’ y sucesivos en menos nutrido en número y, para 2060, la población en edad de trabajar en España se reducirá en un 30%.
Varias de las medidas que tiene la ministra sobre la mesa van en esa línea de seguir alargando la vida laboral. Por ejemplo, a la vuelta del verano los agentes sociales y el Ejecutivo retomarán la modificación de las condiciones de acceso a la jubilación flexible y tratar de hacerla atractiva para más pensionistas. Mediante lo cual quieren incentivar que los pensionistas combinen su prestación pública con un ‘minijob’.
Otro elemento dentro de esa reforma es lo que se conoce como la jubilación reversible, es decir, facilitar el retorno al mercado laboral a tiempo completo de aquellos que, por un motivo u otro, decidieron abandonarlo pero todavía están en condiciones –y tienen voluntad- de regresar. Por un lado, para obtener mayores ingresos –a través de un salario que puede ser superior a la pensión- y, por el otro, para mejorar sus cotizaciones y así poder mejorar su futura pensión.
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