Se han cumplido cuatro años desde que los talibanes recuperaron el poder en Afganistán. Tras casi 20 años de intervención militar y de ocupación liderada por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, en el marco de la lucha contra Al Qaeda, los talibanes se hicieron nuevamente con el control del país tras la retirada de las tropas extranjeras. Esta se había iniciado tras el acuerdo de Doha, firmado en 2020 durante la primera presidencia de Donald Trump y fue completada bajo el mandato de Joe Biden, una retirada que comportó el colapso del frágil Gobierno afgano. Sin el apoyo extranjero, con un régimen devorado por la corrupción, con un ejército débil y con una población exhausta tras décadas de conflicto, los talibanes se encontraron con pocas resistencias y aunque se comprometieron a adoptar una posición más moderada que en su anterior etapa pronto se evidenció que su visión sigue profundamente anclada en una interpretación radical y fundamentalista del Islam, cuyas principales víctimas son las mujeres.
No en vano, desde entonces los islamistas han revocado gran parte de los logros conseguidos las dos décadas anteriores en los ámbitos educativo, laboral y en la participación política de las mujeres. Ahora estas tienen vetado el acceso a la universidad y las niñas tienen prohibido asistir a la escuela secundaria, lo que ha comportado el cierre de numerosas instituciones educativas. Asimismo, se les impide trabajar fuera del hogar, con la excepción de sectores como la educación primaria femenina o la salud, siempre que trabajen separadas de los hombres, una circunstancia que no solo ha expulsado a valiosas profesionales sino que, privando de una fuente de ingresos, ha condenado a muchas familias a la pobreza. Las limitaciones también se han extendido al espacio público, donde las mujeres son obligadas o a usar burka, o como mínimo hiyab y no pueden salir de casa sin un acompañante masculino, al tiempo que se les ha prohibido el acceso a parques, gimnasios, centros de belleza o espacios recreativos, limitando gravemente su libertad de movimientos y condenándolas a permanecer en sus hogares. Incluso hay zonas en las que se les ha prohibido asomarse a las ventanas. Muchas afganas no se han resignado a la pérdida de derechos, pero sus protestas no solo han sido infructuosas, sino que han dado lugar a episodios de violencia, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desapariciones. Muchas mujeres han acabado en el exilio.
La comunidad internacional condenó y también sancionó al régimen talibán. Lo hizo congelando sus fondos en el extranjero y condicionando la ayuda humanitaria al respeto a los derechos humanos, pero esas medidas solo han exacerbado la crisis económica que vive el país actualmente. Y aunque hay organizaciones de derechos humanos y feministas que siguen movilizadas en apoyo a las afganas, su dramática situación, a diferencia de otros conflictos, desgraciadamente no ocupa un lugar preeminente ni en la agenda política internacional ni en la agenda mediática.
Profesora de Ciencia Política en la UV
