Nadie acumula en su persona tantas piezas del puzle de la fontanería del PSOE como Leire Díez, la ya célebre “fontanera patriótica” socialista.
Cada nueva noticia sobre Leire Díez vuelve a apuntar al mismo tablero: la sede del PSOE en Ferraz y el hombre que la dirigió, Santos Cerdán.
En la última entrega de ese puzle, el fiscal Ignacio Stampa ha declarado que acudió a una cita creyendo que vería a Cerdán. Pero la que apareció en su lugar fue Díez, acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, para pedir “información sensible” sobre la Fiscalía Anticorrupción que pudiera ayudar al PSOE, ofreciendo a cambio respaldo gubernamental a sus litigios.
La Fiscalía Provincial de Madrid entiende que aquello fue un intento de soborno, y ha pedido la imputación de Díez y de Dolset por intentar corromper no sólo a Stampa, sino también al fiscal José Grinda, responsable del ‘caso 3%’, en el que están implicados altos cargos de la antigua CiU y de la actual Junts, socios de gobierno de Pedro Sánchez.
De hecho, el juez Arturo Zamarriego ya investigaba a Díez por cohecho y tráfico de influencias a raíz de los audios en los que ofrece favores judiciales para “desmontar” a la UCO. Y antes de eso, la Fiscalía madrileña había avalado abrir una causa independiente por esos mismos audios, convencida de que los hechos “pueden ser constitutivos de delito”.
Aún resuena además la cinta en la que Díez y su inseparable abogado Jacobo Teijelo le dijeron al empresario Joaquín Parra que informaban “al presidente Sánchez” mientras intentaban comprar información contra los agentes de la Guardia Civil.
El patrón se repite con precisión quirúrgica: Leire Díez aparece allí donde las investigaciones amenazan al PSOE. ‘Caso 3%’, ‘caso Villarejo’, ‘caso Koldo’, diligencias sobre la esposa y el hermano del presidente…
Díez lo hace siempre con la misma oferta: favores judiciales y protección gubernamental a cambio de información que permita frenar o embarrar los procesos. Ella es la fontanera que, en todos los casos, intenta enturbiar y entorpecer todas las causas que perjudican al partido en el Gobierno.
Frente a este rosario de conexiones, el juez Zamarriego ha rechazado acumular las denuncias de Grinda y Stampa con la causa que ya instruye por la UCO. Argumenta que “no guardan relación”.
Pero el criterio de Zamarriego resulta insostenible.
Primero, porque el sujeto investigado es el mismo.
Segundo, porque los hechos describen un idéntico modus operandi: ofertas de influencia a funcionarios públicos para torcer la marcha de los procedimientos que incomodan al PSOE.
Tercero, porque la separación artificial de las piezas favorece la dispersión probatoria y eleva el riesgo de resoluciones contradictorias.
Y cuarto, porque la propia Fiscalía aprecia “conexión” entre los distintos episodios y así lo ha manifestado por escrito.
En la práctica, negar la acumulación supone regalar tiempo a una defensa que ya ha demostrado su talento para la maniobra dilatoria. El proceso se fractura, las declaraciones se duplican, las pruebas viajan de carpeta en carpeta.
La justicia no debería ponerse palos en sus propias ruedas que se sumen a las dificultades que implica una investigación que afecta al partido en el Gobierno y al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Si la investigación apunta a que Leire Díez actuaba como “fontanera patriótica” del PSOE (es decir, movida por un propósito de partido y a las órdenes de su secretario de Organización, Santos Cerdán), lo lógico y lo eficaz es que todas las denuncias converjan en un único sumario.
Sólo así se verá con nitidez el dibujo completo: el número uno que ordena la operación de fontanería, la mano que la ejecuta, el beneficiario de los sobornos y los chantajes, y el daño infligido a la independencia del Ministerio Público, la Guardia Civil y la idea misma de justicia.
