El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este lunes que «hay cierta improvisación y quizás falta de concreción» por parte del Gobierno de España en cuanto al traslado de los menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo.
Así lo ha indicado Clavijo al señalar que desde Canarias se ha solicitado al Gobierno central la necesidad de tener un protocolo para el traslado de estos menores porque, citó a modo de ejemplo, que en el caso de los niños que saldrán hacia península este lunes, tenían que haberlo hecho «la semana pasada pero el Estado no comunicó la identidad de los cuidadores que tienen que acompañar a estos menores».
A ello, agregó durante una entrevista en ‘Las Mañana de RNE’, recogida por Europa Press, que «los que tienen que salir, que tienen que salir otros más esta semana, ni siquiera han comunicado todavía los nombres de los niños» que van en esa próxima remesa y que, matizó, sería este «jueves o viernes, con lo cual hay cierta improvisación y quizás falta de concreción».
Clavijo lamentó que «tampoco» se ha informado al Gobierno canario de que «estaban generando 1.200 plazas en toda la península«, «ni cuándo van a estar disponibles, ni dónde van a estar disponibles», por lo que admitió que «es muy complejo», ya que Canarias mantiene la tutela de estos menores y tiene que contactar con las otras comunidades autónomas a las que se derivan, de ahí su insistencia en que requieren de «unos protocolos y unas garantías» porque «no son botellas, no son mercancías, son seres vivos y además vulnerables».
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una imagen de archivo. / GOBIERNO DE CANARIAS
Cuando se haga efectivo, este lunes, el primer traslado desde Canarias a Península de menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo, habrán pasado «más de cuatro meses» después de que el Tribunal Supremo (TS) dictara la medida cautelar en la que se instaba al Gobierno central a darle protección a los niños solicitantes de asilo.
Hasta ese momento, matizó Clavijo, se le estaban «vulnerando unos derechos, se estaban incumpliendo los tratados internacionales por parte del Gobierno de España» a estos menores. El presidente canario consideró «triste» que esta «vorágine política y este populismo en el que se utiliza la migración» y a los «vulnerables entre los vulnerables, que son los menores», se emplee como «arma política», ocasionando un daño que, «en ocasiones, es irreversible».
El proceso de traslado se alargaría más de 10 meses
Cuestionado sobre el tiempo que va a transcurrir para trasladar a los más de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que hay en Canarias si se derivan unos 30 semanalmente, Clavijo apuntó que se alargaría «más de 10 meses», indicando que «ni siquiera» saben «si ahora» que mejoran las condiciones de navegación, «los menores que van a seguir llegando a Canarias, van a ser más incluso que esos 30 que saldrían».
De todos modos, afirmó que seguirán colaborando e insistiendo, al tiempo que se mostró «tremendamente agradecido a que el Supremo haya escuchado a Canarias y le haya tenido que decir al Estado que cumple con su obligación», ya que estos menores «son responsabilidad exclusiva del Estado y llevaban tres y cuatro años abandonados en Canarias a la atención de la comunidad autónoma».
Pide «sentido común»
El presidente canario ha solicitado un «poco de sentido común a todos, al Gobierno de España, a las comunidades autónomas» y, sobre todo, dijo, a los partidos políticos les pidió que «dejen de hacer ese populismo tan mezquino con el dolor de esos niños y de esas niñas».
Sobre el hecho de que estos menores que salen de Canarias no puedan ir al centro de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, Clavijo admitió que le «parece indecente» porque cuando los niños y los ucranianos estuvieron allí, «no había un problema de licencia, no había un problema de uso, que es lo que han alegado, de que no es compatible el uso residencial».
Imagen de archivo de un rescate de varios menores en Canarias. / Antonio Sempere – Europa Press – Archivo
Añadió que lo que está pasando en Canarias es una «situación de emergencia migratoria» y lo asemejó a otras ocasiones de emergencias en España, como la vivida en la Comunidad Valenciana, subrayando que el archipiélago ha sido solidario con otros territorios en esos casos.
«¿Qué pasa que el color de la piel de esos niños y de esas niñas no es el que les gustaría? Me parece de sentido común, creo que deberían colaborar, estamos hablando de 5.300 menores en un país de 50 millones de habitantes, es que es ridículo, es una utilización política del sufrimiento de niños y de niñas y es lo que a mí me enerva y desde luego me genera no solo decepción sino también enfado y desesperación», apuntilló para agregar, tras ser preguntado, que si no es racismo institucional, «se parece mucho».
Reubicación de más de 5.000 menores migrantes
Respecto a la salida de los más de 5.000 menores migrantes no acompañados que tienen acogidos Canarias a partir de la aprobación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, y que está previsto que empiece a funcionar a partir del 28 de agosto, Clavijo dijo que lo que se ha definido es un sistema nacional de atención a esos menores extranjeros no acompañados.
A ello, agregó, que tanto el Tribunal Constitucional, también en su auto, y el Supremo, deja ver que «esto es una responsabilidad del Estado», que en materia migratoria la competencia «es exclusiva del Estado», si bien reconoció que la ley de menores y las comunidades autónomas tienen una responsabilidad, de ahí que explicó que lo que «se ha tratado de establecer es un sistema nacional» porque España «no tenía una política migratoria».
En relación con ello, sobre la reacción de las comunidades, aseguró que ha hablado tanto, con presidentes del Partido Popular como recientemente con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y apuntó que si bien «ellos no están de acuerdo con esa reforma y entienden que es competencia del Estado y que el Estado tendría que garantizar los recursos económicos y atenderlo», afirmó que «todos» le han transmitido que, aunque «van a recurrir, porque entienden que se está invadiendo» competencias de la comunidad, «van a cumplir la ley».
Clavijo, por ello, señaló que «no» entiende que «no lo vayan a hacer», aunque apuntó que la propia fiscalía al ser menores, cuando lleguen a su comunidad autónoma, «pedirán responsabilidades», si bien espera que todo este trabajo que se ha hecho con el Gobierno de España «sea un poquito más diligente» que el que se está «viendo ahora con los menores de protección internacional».
