BBVA reconoce incertidumbres, tanto operativas como financieras, relacionadas con la integración de Sabadell, según recoge el suplemento del Documento de Registro Universal registrado este jueves ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un día después que el banco catalán aprobara en junta de accionista la venta de su filial británica TSB y el reparto de un dividendo extraordinario en efectivo de unos 2.500 millones de euros (0,5 céntimos por acción). Dicho esto, mantiene el suspense sobre si hará uso de su opción legal de desistir de la opa lanzada en mayo de 2024.
Concretamente, entre los riesgos señalados, destacan: las dificultades para coordinar personal, sistemas, clientes y estructuras geográficas; posibles pérdidas de clientes por solapamiento de redes; litigios laborales y comerciales; y la falta de acceso a información no pública, lo que limita la debida diligencia realizada antes de lanzar la oferta. De este modo, la entidad admite que no puede asegurar la consecución de todos los beneficios previstos —sinergias, eficiencia o reducción de costes— ni descarta la aparición de gastos imprevistos. También advierte de la posibilidad de que los resultados combinados tras la opa difieran notables de la simple suma de los balances actuales.
La opa del BBVA para hacerse con el Sabadell, actualmente pendiente de autorización definitiva y aceptación por parte de los accionistas, ha superado ya los principales filtros regulatorios, pero estará condicionado al mantenimiento de la independencia operativa de ambas entidades hasta, por lo menos, el año 2028.
Tal y como se recuerda en el documento, tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el Consejo de Ministros han dado vía libre a la operación, aunque con condiciones. BBVA y Sabadell deberán mantener personalidad y patrimonio separados durante tres años prorrogables a cinco, periodo en el que se impedirá la fusión legal y la integración total de sus actividades. Solo después de este plazo, señala BBVA, podrán iniciar un proceso de fusión societaria, que podría demorarse entre seis y ocho meses adicionales y aún requerir nuevas aprobaciones.
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