El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha denunciado este lunes la adjudicación de un contrato del Gobierno por valor de 12 millones de euros a la empresa Huawei.
Los populares califican esta decisión de «muy grave» y «alarmante» por el riesgo de espionaje y acceso a información confidencial que, según advierte, podría ser utilizada por el gobierno chino.
Bravo ha subrayado que esta adjudicación se ha llevado a cabo en contra de las recomendaciones expresas de los socios europeos y americanos, y ha recordado que el Informe de Seguridad Nacional de 2023 alertaba sobre las redes de influencia chinas y su desarrollo de capacidades híbridas en España:
«Es muy llamativo que esa referencia haya sido eliminada del informe de 2024 justo cuando se negociaba este contrato», ha señalado.
En este contexto, el dirigente popular ha anunciado que su formación ha remitido una carta a la directora de Seguridad Nacional solicitando información detallada sobre el caso, y ha exigido la comparecencia urgente de los ministros Marlaska, Robles y Albares en el Congreso y el Senado para que rindan cuentas sobre estos contratos.
«España está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos». Esa es la rotunda advertencia del Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos tras conocer que el Gobierno de España adjudica contratos públicos en materias sensibles a Huawei.
Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, la Guardia Civil y la Policía Nacional utilizan desde hace años, en sus más altas instancias, los dispositivos de la firma china para las conferencias y videollamadas que mantienen en las salas de operaciones y los centros de mando de ambos cuerpos.
El vicesecretario de Hacienda del PP ha afirmado que los contratos con Huawei suponen un peligro para la seguridad nacional porque esta tecnológica «está sometida a una ley de inteligencia china de junio de 2017 que le obligaría, si se lo solicitan, a colaborar con el servicio de inteligencia chino y a facilitarle toda la información.»
En el PP llama «profundamente la atención» que en el año 2023, en el Informe Anual de Seguridad Nacional se advirtiera de la construcción de redes de influencia con China y sin embargo, en 2024 y 2025 se haya eliminado «toda mención» a dicho país después de haber adjudicado este contrato por valor de 12 millones de euros.
Bravo ha exigido al Gobierno «lealtad» con los socios europeos, pues cree que «no hay margen» para la interpretación de este asunto.
«Si Sánchez pone en peligro los secretos del Estado, tendrá que explicar por qué y nosotros le preguntaremos dónde haga falta, Congreso o Senado», ha advertido.
Los populares van a pedir, además, la remisión íntegra del expediente de contratación y todos los informes de ciberseguridad que justifiquen la elección de esta empresa.
Porque, a su juicio, es una «irresponsabilidad» que el Gobierno esté jugando «con fuego» y desde el PP abogan por «garantizar la máxima protección en los ámbitos estratégicos», con especial atención a los riesgos provenientes de potencias extranjeras.
