El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado a declarar el próximo 11 de noviembre a Leire Díez, conocida como la supuesta fontanera del PSOE, que comparecerá en calidad de investigada.
Ese mismo día también deberán hacerlo, también como investigados, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la asociación Hazte Oír. En ella se acusaba a Díez de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. Según ese escrito, la hoy exmilitante socialista habría recibido el encargo de frenar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre dirigentes del PSOE.
El juez ha decidido por ahora investigar solo los delitos de cohecho y tráfico de influencias y ha dejado fuera los otros dos.
La denuncia detalla que en febrero de 2025 la investigada se reunió con el empresario Alejandro Hamlyn, acusado por un presunto fraude de hidrocarburos.
En ese encuentro, al que también asistieron Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, Díez habría ofrecido a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO.
El escrito también apunta que en marzo de 2025 Leire Díez mantuvo otra reunión con el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo.
En esa cita, habría ofrecido protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para «desmontar la Guardia Civil» y «echar por tierra las causas judiciales» que afectan al PSOE.
Ahora, el juez Arturo Zamarriego ha decidido abrir diligencias únicamente por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, dejando fuera por el momento la estafa procesal y la revelación de secretos. El fiscal ha respaldado esta decisión.
En una resolución conocida este jueves, el magistrado señala que, de forma inicial, los hechos podrían encajar en un delito de tráfico de influencias. Este consistiría en vender influencias reales o supuestas sobre funcionarios para obtener un trato favorable de la Administración.
El juez también aprecia indicios de un delito de cohecho, es decir, ofrecer beneficios a autoridades o funcionarios para que actúen en contra de los deberes de su cargo.
Por el contrario, Zamarriego considera que aún no hay motivos para investigar por estafa procesal. Sobre el posible delito de revelación de secretos, relacionado con un supuesto ofrecimiento de fotos íntimas del fiscal José Grinda, el magistrado recuerda que solo podría instruirse si la persona afectada presenta una denuncia personal.
