El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP) está decidido a que el Gobierno central cierre el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de su localidad.
La instalación, reabierta para la acogida de refugiados ucranianos tras el inicio de la guerra, ha vuelto a la actualidad después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya anunciado que va a enviar allí a 400 menores migrantes solicitantes de asilo.
La alcaldesa, Paloma Tejero, ha manifestado en varias ocasiones su negativa ante esta situación al no estar el espacio preparado para ese servicio, pero ahora ha dado un paso más allá. Su Ayuntamiento ha notificado al centro el cese cautelar de su actividad tras comprobar, en una inspección, que no dispone de la licencia necesaria para tal uso.
De hecho, este recurso estatal (que se pensó para ser un lugar de formación para funcionarios) cuenta con un título (licencia) del año 2013 que no permite el uso residencial. Permiso que es, precisamente, el que necesitaría para desarrollar la actividad que ahora mismo lleva a cabo: acoger migrantes ucranianos y derivados de la crisis migratoria de Canarias.
Además, las normas urbanísticas de la parcela tienen un uso principal «terciario y comercial». Dicho de otro modo, la parcela no permite el uso residencial y es para lo que se está usando por parte del Gobierno central.
Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez.
Este mismo miércoles, el Ayuntamiento de Pozuelo notificó al titular del inmueble, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y a la entidad que gestiona el centro, que no tienen «licencia preceptiva que les permita ejercer su actividad». Tienen 15 días para alegar, pero el cese de la actividad tiene que ser inmediato.
Desde el propio Consistorio dan por hecho que no va a ser así y que cierren el centro este mismo jueves. Aun así, insisten en que a efectos administrativos esa actividad no se puede desarrollar y está en manos del Gobierno decidir qué hacer.
Hay que recordar que este espacio, ubicado en el Paseo de la Casa de Campo de Pozuelo de Alarcón, lo construyó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2001 para ubicar un centro permanente de formación de funcionarios. Pero no se levantó a la primera. Hicieron falta doce años para construir el espacio, con un coste para las arcas públicas de 86 millones de euros.
En 2013 el espacio empezó a funcionar, pero en menos de seis años ya estaba cerrado. Según un informe del Tribunal de Cuentas, la ocupación y el aprovechamiento de este espacio eran «bajos». Se realizaban unos 65 cursos al año, con un total de 1.700 alumnos.
Basándose en la información del espacio (que salió a licitación y nadie quiso adquirir), en sus 24.773,52 metros cuadrados hay tres edificios: uno de oficinas, otro con aulas y espacios de estudio y un tercero que es la zona residencial.
Esta tercera zona tiene licencia de «hotel» algo que, según ahora el Gobierno de Paloma Tejero, no avala su funcionamiento como centro de acogida.
