El Gobierno mantiene su confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a la decisión del Tribunal Supremo que lo aboca a sentarse en el banquillo.
«Siempre hemos confiado en su inocencia, aunque respetamos las decisiones de la Justicia», afirman fuentes de Moncloa.
Desde el Gobierno se refieren así a la situación de García Ortiz, después de que la Sala de Apelación del Supremo haya acordado rechazar el recurso que el fiscal general interpuso contra la decisión del instructor de dar por terminada la investigación sobre la filtración a la prensa de datos tributarios del empresario Alberto González Amador.
El Supremo respalda así la decisión del magistrado instructor Ángel Hurtado de procesar al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta seis años de cárcel.
Mientras tanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha pedido la dimisión fulminante del fiscal general del Estado.
Es sencillo.
Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos.
El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más. https://t.co/NfnIoVKjJr
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 29, 2025
«Es sencillo. Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más», ha escrito Feijóo en la red social X.
La decisión del Supremo, tomada por dos votos contra uno, acaba con el último recurso que tenía el máximo responsable del Ministerio Público de evitar el juicio oral, que en todo caso no se producirá hasta después de la ceremonia de inauguración del nuevo curso judicial, que se celebra a principios de septiembre.
El juicio, por tanto, se espera para el próximo otoño.
El Gobierno, mientras tanto, sigue defendiendo la «inocencia» de García Ortiz, aunque tendrá todo este tiempo para decidir si mantiene o no su apoyo sobre él. Aunque, previsiblemente sea el propio fiscal general del Estado quien debe decidir si continuar o no en el cargo.
En el PP, sin embargo, tienen claro que el fiscal general del Estado no puede seguir en su puesto cuando tiene el verano por delante antes de sentarse en el banquillo.
«Esto no está pasando en ningún país democrático. No hay otra opción, tiene que dimitir ya”, ha añadido la portavoz de los populares en el Congreso, Esther Muñoz, en una comparecencia convocada de manera urgente en la Cámara Baja.
La querella de González Amador
El procedimiento, que empezó con una querella de González Amador contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que le denunció por fraude tributario, pasó al Tribunal Supremo el pasado 15 de octubre, después de que el fiscal general asumiera en primera persona la difusión de una nota de prensa.
Ese comunicado, hecho público el 14 de marzo de 2024, desmentía informaciones falsas según las cuales la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que se declarara culpable de dos delitos fiscales.
La realidad era que fue la defensa de González Amador la que ofreció a la Fiscalía reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la pena. Sin embargo, un correo de éste apareció en los medios de comunicación pocos días después de ser enviado, por lo que comenzaron las sospechas sobre una posible filtración por parte de la Fiscalía General del Estado.
El instructor Ángel Hurtado concluyó que esta filtración de datos se produjo «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Una afirmación que ahora ha sido avalada por la Sala de Apelación del Supremo.
Ahora el juez Hurtado decidirá la apertura formal de juicio, previsiblemente un año después de la querella de González Amador.
