Durante los peores meses de la pandemia, mientras la economía se paralizaba, el Gobierno español activó un salvavidas sin precedentes para el mercado laboral: los ERTE por causa de fuerza mayor. Esta medida permitió que más de medio millón de empresas suspendieran temporalmente contratos sin tener que recurrir a despidos masivos, mientras el Estado se hacía cargo de las prestaciones y exoneraba a las compañías de cotizar por sus empleados.
Ahora, cinco años después, el Tribunal de Cuentas pone números —y reparos— a la eficacia de esta intervención. Lo hace en su último informe de fiscalización, que analiza el periodo entre marzo de 2020 y marzo de 2022, y arrolla luces y sombras al mismo.
El análisis no cuestiona la necesidad ni el impacto positivo de los ERTE.
Por un lado, el impacto fue innegable: 558.000 empresas beneficiadas, 4,15 millones de trabajadores protegidos y más de 26.000 millones de euros movilizados entre prestaciones por desempleo y exoneraciones de cuotas sociales. Por otro, graves deficiencias administrativas comprometen la transparencia y eficiencia del despliegue.
Falta de herramientas, duplicidades y errores de competencia
Uno de los principales problemas detectados es la ausencia de una plataforma informática específica en la Dirección General de Trabajo para gestionar el alud de expedientes, lo que llevó a una tramitación caótica en muchos casos. La consecuencia: resoluciones duplicadas, contradictorias o autorizadas por organismos que no eran competentes.
10.800 personas cobraron prestaciones por valor de 25,4 millones de euros sin que su situación de inactividad hubiese sido comunicada a la Seguridad Social.
La falta de coordinación entre autoridades laborales también está entre los lastres operativos. El SEPE, por ejemplo, no siempre tuvo constancia oficial de si la causa de fuerza mayor estaba justificada, requisito esencial para conceder las ayudas. Como resultado, más de 10.800 personas cobraron prestaciones por valor de 25,4 millones de euros sin que su situación de inactividad hubiese sido comunicada a la Seguridad Social por parte de las empresas.
Incógnitas en el control y ausencia de fondos europeos directos
El informe también alerta de posibles incumplimientos en las exoneraciones —o ventajas legales de ingresos— de cuotas empresariales. Hasta 278.757 empresas, con 1,7 millones de empleados, estarían bajo sospecha, y sus casos ya han sido remitidos a la Inspección de Trabajo.
A mediados de 2024, más de 400.000 empresas que se acogieron a los ERTE seguían sin retomar la actividad.
Otro punto conflictivo está en la financiación. El SEPE tuvo que tirar de sus propios ahorros —13.535 millones de euros— para cubrir el pago de las prestaciones, sin haber recibido de forma directa los fondos europeos previstos para este fin.
Además, a mediados de 2024, más de 400.000 empresas que se acogieron a los ERTE seguían sin retomar la actividad, y solo seis de cada diez trabajadores habían regresado a su puesto original.
Recomendaciones sobre digitalización y trazabilidad
Ante este escenario, el Tribunal insta a la Administración a dotarse de una herramienta digital para tramitar los ERTE de forma más ordenada y a crear un protocolo claro de intercambio de información entre los distintos organismos implicados. También reclama al SEPE que revise en profundidad los expedientes con prestaciones abonadas sin respaldo documental.
Las recomendaciones de este Tribunal, que forma parte del Tribunal de Justicia, se enmarcan dentro de sus funciones de «fiscalización externa de la actividad económico-financiera del sector público» y «enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos». Además de informar, también propone mejoras en el control financiero y la gestión pública.
Por ello, aunque el análisis no cuestione la necesidad ni el impacto positivo de los ERTE, sí deja claro que su operatividad debe ser modernizada si se quiere que este tipo de mecanismos de emergencia funcionen con garantías en futuras crisis.
Además de la publicación de este documento, el organismo ha aprovado hoy otros siete informes que analizan ámbitos como el de las subvenciones y apoyo al transporte marítimo, el de los gastos farmacéuticos hospitalarios o el de contratación pública en Defensa, Justicia y Política Exterior.
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