Engrosar el sector de las empresas que prestan servicios a domicilio y atienden a las personas dependientes en Canarias, para facilitar la asistencia de 8.000 personas que tienen reconocido el derecho, pero que no se les está prestando ningún servicio. Este es el objetivo que persigue el Gobierno regional con el cambio normativo que facilitará la creación de nuevas compañías y el desembarco en el Archipiélago de grandes empresas que ofrecen servicios de atención domiciliaria en el resto del país y que no podían operar en las Islas debido a no contar con la acreditación necesaria. Un proceso, hasta ahora, farragoso y que se dilataba mucho en el tiempo. El decreto, que prepara la Consejería que comanda Candelaria Delgado, propone un cambio normativo para que las empresas puedan comenzar a trabajar solo una declaración responsable, para después presentar toda la documentación y acreditaciones necesarias. Un cambio normativo que desde la Asociación Canaria de Empresas de Servicios de Asistencia a Domicilio (Acemad) no ven con buenos ojos, ya que consideran que puede favorecer la llegada de compañías que no estén especializadas en este sector y que se acabe degradando el servicio que se presta a las personas dependientes.
La tesis que defiende la Viceconsejería de Bienestar Social es que parte del problema de la falta de atención a estas personas deriva del poco desarrollo que tiene el sistema de empresas que prestan este tipo de servicios. Las necesidades actuales no están siendo cubiertas, ya que existen unas 8.000 personas que tienen una prestación no efectiva porque en las zonas en las que están –principalmente en las islas no capitalinas– no pueden contratar los servicios que requieren. Y las necesidades irán en aumento atendiendo a la dinámica demográfica que generará un mayor volumen de usuarios en el futuro.
Así lo explica el viceconsejero Francisco Candil, que asegura que la Consejería lleva más de un año trabajando en esta modificación del procedimiento de acreditación para simplificarlo. «Si queremos mejorar la atención a la dependencia tenemos que hacerlo en su conjunto y no solo acelerar los procesos de reconocimiento de los usuarios», sostiene. Para ello, se ha optado porque sea necesaria la presentación de una declaración jurada para comenzar a trabajar, tal y como asegura que ocurre en otras comunidades autónomas. «¿De qué nos vale si tardásemos un mes en reconocer el grado y el PIAS a una persona si no puede contratar el servicio porque no hay suficientes profesionales?», se pregunta.
Candil cree que las críticas que está recibiendo este cambio normativo son fruto el desconocimiento al considerar que se van a reducir los controles. Pero insiste en que el proceso de declaración responsable es un paso previo, que no evita que estas empresas tengan que acreditar todo aquello a lo que se comprometen.
Sin embargo, la Asociación Canaria de Empresas de Servicios de Asistencia a Domicilio no lo ve así Su presidenta, Leticia González, considera que la labor de inspección no se llevará a cabo con la eficacia necesaria. Uno de sus temores es que el cambio normativo facilite el desembarco de grandes empresas no especializadas en la atención a la dependencia a las que no se les va a controlar los protocolos, o al menos, no con tanta meticulosidad como la que se les ha exigido hasta ahora a las empresas que siguieron el proceso de acreditación vigente desde 2015. «Cuando te presentas a esta acreditación hay una serie de protocolos que tienes que cumplir para dar calidad al servicio porque estamos hablando de atender a personas, no de mercancía», explica.
Por eso, recalca que temen que el nuevo decreto merme la asistencia y duda de que, con los medios que existen en la actualidad, se pueda controlar una actividad que se podrá iniciar sin haber inspeccionado lo que se declara.
González no cree que la falta de asistencia de la que adolecen los 8.000 dependientes reconocidos que esperan por los servicios se deba a la falta de empresas. En estos momentos, en el Archipiélago existen 36 compañías que se dedican a esta labor. Para Acemat el gran problema reside en la falta de trabajadores.
Precisamente por esos estrictos protocolos no se permite la contratación de ningún trabajador que no cuente con un certificado de profesionalidad. Pero el proceso para conseguirlo también suele demorarse, lo que ocasiona escasez de personal. «Nos cuesta mucho encontrar y no hay coordinación entre los diferentes departamentos para facilitar estos trámites», insiste. Y apunta que el retraso en el pago de las prestaciones una vez son reconocidas también está detrás del gran número de personas que esperan ser atendidas, ya que no pueden adelantar con sus ingresos el coste de los servicios. Por eso, han solicitado una reunión al presidente Fernando Clavijo para trasladarle su opinión y poder ofrecer alternativas al cambio normativo que se prepara.
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