Las últimas 72 horas del caso Juana Rivas tienen un protagonista: un niño de 11 años, Daniel Arcuri, un menor que está citado este viernes en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada donde el pasado martes fue entregado por su madre, en cumplimiento de la orden de un juzgado italiano y ratificada por la justicia española (el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por Rivas para suspender la entrega, argumentando que no tenía trascendencia constitucional). Los PEF son un servicio prestado por la Junta de Andalucía que tiene la finalidad de servir de espacio neutral en el que se presta atención profesional para garantizar el derecho de los menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares. Un espacio neutral que, sin embargo, el martes se convirtió durante esas horas críticas en un plató de televisión donde llegó a retransmitirse en directo la llegada del menor junto a su madre, su hermano y la asesora legal de la familia, Francisca Granados.
Tras horas en su interior y una vez producido el reencuentro con su padre, Francesco Arcuri, la jueza de Instrucción número 3 decidió aplazar hasta este viernes la entrega. Según El País, el equipo técnico del PEF, que tuvo que pedir a la psicóloga del menor que no grabara con su móvil, lo convenció para que saludara a Arcuri y se encontraron cinco minutos. La jueza Cristina Luis, del Juzgado de Instrucción 3 de Granada, decidió aplazar la entrega del niño. Daniel, acompañado por su madre, su hermano mayor Gabriel, de 19 años y la asesora Francisca Granados, expresó su miedo ante los medios, gritando frases como “me va a matar”. La escena fue descrita como “caótica” por el abogado de Arcuri, quien acusó a Rivas de manipular al menor.
La presión, la entrada de nuevos interlocutores ha ido a más y la búsqueda de nuevas vías para paralizar la entrega de este viernes no ha cesado. El equipo jurídico de Rivas, junto con el Ayuntamiento de Maracena, solicitó al Ministerio de Justicia que intervenga, invocando una excepción del Convenio de La Haya para suspender la entrega hasta que se resuelva el juicio por presunto maltrato contra Arcuri, previsto para septiembre en Italia. Pero este jueves, el Ministerio de Bolaños ha explicado que no existe base legal para que el propio Ministerio active esta vía, ya que esta medida debe ser solicitada por un órgano judicial competente. En paralelo, Daniel envió cartas a Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Save the Children, denunciando agresiones físicas y amenazas de su padre. Y este jueves, la ministra de Infancia, Sira Rego, anunció que una representante del Gobierno acompañará al menor durante la entrega del viernes en el PEF. Y, para embrollar aun más el asunto, la Audiencia de Granada ha admitido parcialmente el recurso presentado el pasado mayo por Arcuri contra el archivo de la denuncia en la que acusó a su expareja, Juana Rivas, de un delito de sustracción de menores y ha acordado investigarla por no haber facilitado que el menor de sus hijos vuelva a Italia.
Francesco Arcuri, a su llegada al punto de encuentro familiar. / Antonio L Juárez / Europa Press
¿Qué papel tiene la Junta?
La pregunta que cabe hacerse es ¿puede frustrarse de nuevo esta entrega?, ¿qué papel tiene la Junta de Andalucía en la gestión de los Punto de Encuentro Familiar?, ¿tiene margen de maniobra para participar en la paralización de esta entrega?
El caso de Juana Rivas ha saltado al pleno del Parlamento de Andalucía este jueves. Interpelado por Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, quie le ha pedido que «escuche al menor, que está pidiendo auxilio», el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha defendido que «el bien a proteger es el menor» y ha añadido que «la Junta va a proteger en todo momento al menor. No puede convertirse el punto de encuentro en un juicio, la Junta no puede intervenir en ninguna decisión judicial. Hacemos lo que nos corresponde en el ambito de nuestras responsabilidades, pero no podemos parar nada».
Fuentes del movimiento feminista en apoyo a Juana Rivas trasladan que la Junta sí tiene margen de maniobra, según queda establecido en el decreto 79/2014 que regula el funcionamiento de los Punto de Encuentro Familiar (PEF). En este sentido, el decreto prevé la posibilidad de que los PEF puedan paralizar la intervención ante: la existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de las personas menores de edad (según el artículo 20.2 c) y por la situación emocional de las personas menores de edad (artículo 20.2 f).
Asimismo, y según se explicita en el artículo 20.3, «los Puntos de Encuentro Familiar podrán suspender de forma inmediata el encuentro y proponer la paralización de la intervención al órgano judicial derivante. Si antes del siguiente encuentro programado no se hubiese dictado resolución judicial al respecto, podrá paralizarse la intervención de forma cautelar por acuerdo de la persona titular del órgano territorial provincial de la Consejería competente en materia de asistencia a víctimas, previa propuesta motivada del equipo técnico y dando traslado inmediato de dicho acuerdo al órgano judicial derivante.
Además, el artículo 18 recoge otra salvedad para la no entrega del menor: en el supuesto en que detecten incidencias o detecten malos tratos a personas menores de edad deben emitir el correspondiente informe sobre maltrato infantil que se remitirá al organismo competente de la propia Junta de Andalucía. Francesco Arcuri será procesado en septiembre por los supuestos malos tratos a su hijo menor, Daniel, tras la denuncia interpuesta por Juana Rivas.
Al cierre de esta edición, la Consejería de Justicia y Función Pública, sobre la que recae la gestión de los PEF, explicaba que «ante la imposibilidad de ejecutar la entrega, el PEF informa y el juzgado decide aplazar». Básicamente, lo que ocurrió este martes.
Estas 72 horas han puesto de manifiesto las tensiones entre el cumplimiento de resoluciones judiciales internacionales y la protección del interés superior del menor. El foco está puesto en la justicia española, con la presión de equilibrar los derechos de Daniel frente a las acusaciones de maltrato de su padre y las petición de la justicia italiana de dar cumpliento a sus sentencias. Hace casi 10 años del inicio de este caso.
