Pese a las excepciones que prevé para liberar secretos, el criterio de desclasificación automática que propone el Gobierno podría poner en peligro a agentes secretos, policías y militares que participaron en operaciones encubiertas si se difunde su identidad, y también a instalaciones clave del Estado si se publican datos de sus medidas de seguridad. Es una de las advertencias que el Consejo de Estado ha hecho sobre el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que ha presentado el Ejecutivo este martes.
Los juristas del órgano revisor admiten en su informe -previo a la remisión de la ley a las Cortes- que la desclasificación automática “es coherente” con las legislaciones de otros países democráticos. Pero ven “determinados supuestos de información clasificada” en los que “podría no resultar aconsejable aplicar el sistema de desclasificación automática por el transcurso de los plazos máximos establecidos”. Se refiere a la información asociada a infraestructuras estratégicas o críticas o a la identidad de servidores públicos que han participado en actividades sometidas a clasificación y cuyo conocimiento público -aún pasados muchos años- podría poner en riesgo su seguridad e integridad personal”.
En su informe, el Consejo de Estado recomienda al ministro Félix Bolaños que, más allá de la excepción genérica por riesgos contra la seguridad nacional y la defensa, incluya en la ley un listado “excepciones o supuestos concretos”.
Enfrentamiento interno
Fue el ministerio de Bolaños, el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el que remitió al Consejo de Estado el expediente 503/2025, anteproyecto de ley que ha provocado una fuerte disensión entre Presidencia y el área securitaria -Interior, Defensa, Exteriores…- del Gobierno.
La consulta llegó al Consejo de Estado el pasado 7 de mayo. Entonces “no sabíamos nada, cero”, explican fuentes de la cúpula de Defensa, el ministerio que actualmente tiene atribuida, en el CNI, la determinación y custodia de secretos de Estado y donde más ha incomodado el plan de Moncloa.
El informe con la evaluación del Consejo de Estado fue entregado a Presidencia el pasado día 17. Ya se había celebrado una tensa reunión de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado para la preparación del orden del día del último Consejo de Ministros, en el que “la ley iba sí o sí” y subrayada en rojo, el color de los temas importantes -recuerda la misma fuente-, pese al desacuerdo interno y la ausencia de firma de Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska ni José Manuel Albares.
Ojo con las sanciones
El proyecto de ley retoma el último, de 2022, que no prosperó en trámite parlamentario, y con el trámite de audiencia pública de aquella época. En sus conclusiones, el Consejo de Estado no opone obstáculo “esencial en términos de legalidad”, e incluso señala varias veces que la ley se ajusta a los estándares internacionales. Pero no deja de hacer advertencias sobre un derecho fundamental, el de conocer y el de publicar lo que se conoce.
El Consejo de Estado cree que es demasiado laxo, difuso, el criterio de legitimación de personas, por “interés profesional”, para solicitar acceso a información clasificada. “No todo interés profesional es, por el solo hecho de serlo, un interés legítimo”, dice el Consejo.
Sus juristas se detienen en las sanciones que ha ideado el Gobierno para quien difunda secretos de Estado, y recogen un criterio del Consejo Fiscal según el cual esos castigos -de hasta tres millones de euros- “pueden provocar el chilling effect, es decir, existe el riesgo de que los castigos impuestos por la seguridad nacional sean capaces de desincentivar el ejercicio de derechos fundamentales”. Se refiere a la libertad de información de los periodistas, aludiendo, sin verbalizarla, a la autocensura.
Ojo con la trituradora
El Consejo de Estado se preocupa por el vacío en el que pueden quedar los documentos que resulten desclasificados por el paso de 45 años sin que se les haya puesto ninguna excepción por peligro para la seguridad y la defensa. ¿Se pueden enviar a la trituradora?
“Ni el anteproyecto de Ley de Información Clasificada ni ninguna otra disposición legal establecen unos plazos mínimos de conservación de la información desclasificada que deban ser observados por las autoridades competentes antes de que pueda acordarse su destrucción”.
El texto aprobado por el Gobierno habla de “la mayor brevedad posible”, pero el Consejo de Estado cree que “sería necesario que se previera un periodo mínimo de conservación de los documentos desclasificados que impidiera su rápida destrucción”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exigió este martes que se digitalicen todos los documentos de la dictadura por si sirvieran como prueba en la investigación de crímenes.
Los flecos
El ministerio que dirige Bolaños acompañó su anteproyecto de ley de una memoria justificativa. De ella toma el Consejo de Estado un dato concreto: el coste de la reforma. Crear “unidades de información clasificada” en cada ministerio que tendría un coste máximo en cada uno de 385.820 euros. Es un total de 1,15 millones de euros si se suman las necesidades de crear “nuevos centros directivos” en Exteriores, Defensa e Interior.
Por otra parte, el proyecto del Gobierno implica cambios en otras leyes. La primera, la Ley 11/2002 reguladora del CNI, que atribuye al centro de inteligencia la de “velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada”.
También las disposiciones relativas al rango del director de la Oficina Nacional de Seguridad, y algunos impactos en acuerdos internacionales sobre inteligencia (Defensa ha salvado su competencia sobre secretos OTAN). Y, además, y esto lo señala el informe del Consejo de Estado, una posible “elaboración de un proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Información Clasificada, por la que se modifique el artículo 58 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”.
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