El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentaba este martes al último Pleno del curso político con un examen centrado especialmente en el decreto antiapagones, pero con la actualización de las entregas a cuenta para este ejercicio a las comunidades autónomas y ayuntamientos siendo también protagonista. La incertidumbre se ha mantenido prácticamente hasta el último momento en cuento al decreto antiapagones, pero el ‘no’ que ha terminado anunciando a media tarde el Partido Popular, sumándose a Podemos, Junts y BNG, lo ha tumbado. Cosa muy distinta ha sucedido con la reforma del reglamento para sancionar a los agitadores de extrema derecha, que ha conseguido salir adelante pese al rechazo de populares, ultras y UPN; así como el decreto que distribuye más de 147.000 millones de entregas a cuenta entre las comunidades, con los rechazos únicamente de Junts y Vox.
En cuanto al decreto antiapagones, el Gobierno solamente ha asegurado 165 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Compromís y Coalición Canaria), frente a los 183 que suman el PP, Vox, Podemos, Junts, BNG y UPN. Si los populares se hubiesen abstenido, el decreto sí hubiese salido adelante con al menos 166 ‘síes’ frente a 45 ‘noes’.
Mientras Junts ha justificado su no en que el Gobierno no ha cumplido con Cataluña, desde Podemos y BNG han señalado que no están de acuerdo con el texto porque se entregaría más poder a las grandes empresas eléctricas. Por su parte, fuentes del PP han indicado que “no están de acuerdo en la parte referida al apagón, más allá de que no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas”. Y han anunciado que “el PP presentará una proposición de ley en el Congreso, en coordinación con las comunidades autónomas, para garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía”.
Desde Vox, que ya habían confirmado su rechazo, utilizaron el argumento de que no van a “aprobar absolutamente nada que venga de este Gobierno”.
Aprobada la reforma del reglamento para sancionar a los agitadores
Lo que sí ha salido adelante es la reforma del reglamento para sancionar a los agitadores de extrema derecha, pese al rechazo de PP, Vox y UPN. Esta norma busca establecer un código de conducta para impedir que los activistas acreditados como periodistas boicoteen las ruedas de prensa y el trabajo de los diputados.
Esta reforma del reglamento ha salido adelante con 177 votos a favor, con el rechazo de los 171 parlamentarios que suma PP, Vox y UPN. Cabe recordar que esta reforma fue también una exigencia de los propios periodistas que trabajan en el Congreso de los Diputados, que denunciaron que sufrían “descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas” que trabajan junto a ellos y “no respetan unas elementales normas de convivencia”.
Ahora, la mesa tiene que desarrollar el nuevo reglamento y se espera que esté en pleno funcionamiento para el inicio del nuevo curso parlamentario en septiembre.
Sí a más de 147.000 millones de entregas a cuenta entre las comunidades
De la misma forma, la Cámara Baja ha dado luz verde al Real Decreto-ley para distribuir este año entre las comunidades autónomas un total de 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, lo que supone un 9,5% más respecto a 2024.
El Consejo de Ministros ya aprobó en junio la actualización de las entregas a cuenta y ahora el Congreso ha dado su plácet en este Pleno ‘escoba’ con el apoyo del PP, los grupos de la coalición gubernamental y los socios del Ejecutivo, salvo Junts, que lo ha rechazado junto con Vox.
El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.
El toque de atención de Junts
Desde Junts han vuelto a lanzar un aviso al Gobierno con su decisión de rechazar el decreto antiapagones y el de entregas a cuenta a las comunidades y ayuntamientos. Fuentes de Junts han subrayado que su decisión de votar en contra de estas dos normas es un nuevo toque de atención al Ejecutivo, pues considera que siguen persistiendo incumplimientos en los compromisos que adquirió Sánchez al inicio de la legislatura.
Aparte de su disconformidad con estas dos normas emanadas del Consejo de Ministros, los neoconvergentes critican la falta de avances en dos medidas clave: la oficialidad del catalán en el seno de la Unión Europea y la aplicación de la ley de amnistía.
Las medidas del decreto antiapagones que caen
Algunas de las medidas que incluye el decreto son un refuerzo de la función de supervisión del sector eléctrico por parte los Mercados y la Competencia (CNMC), para evaluar cada tres meses las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio. Asimismo, Red Eléctrica evaluaría la necesidad de implementar sistemas para controlar la tensión y las oscilaciones de potencia.
También se incorporan medidas para actualizar el proceso de planificación de las redes eléctricas, acortando los plazos de tramitación y facilitando la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo, para acelerar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía.
A su vez, se incluyen iniciativas para impulsar el almacenamiento y facilitar la hibridación de baterías en plantas renovables y ampliar las redes de autoconsumo. El decreto también plantea medidas para reducir a un 80% los peajes a la industria electrointensiva.
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