Este martes 22 de julio a las 10:30 horas, el Tribunal Supremo celebra una vista clave para el futuro judicial de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, encarcelado provisionalmente desde hace semanas en la prisión madrileña de Soto del Real por su implicación en la conocida trama Koldo. En el centro del debate jurídico se encuentra el recurso presentado por su defensa contra el auto que decretó su ingreso en prisión. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha respondido con contundencia: no solo considera que debe seguir en la cárcel, sino que expone con claridad por qué.
Según ha relatado Patricia Rosety, jefa de Tribunales de COPE, en su crónica matinal, el Ministerio Público sostiene que Cerdán “tiene capacidad para ocultar y alterar pruebas y para condicionar a testigos e investigados”. En otras palabras, su puesta en libertad pondría en peligro la integridad de una investigación que apenas ha comenzado a desentrañar la red de corrupción en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.
Un papel «director» en la trama
El escrito del fiscal jefe Alejandro Luzón, que sostiene la prisión provisional de Cerdán, no deja lugar a dudas: su papel en la trama fue “capital, con una posición funcional y directiva dentro de la organización criminal”. De acuerdo con el informe, habría dirigido “un eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala” en las adjudicaciones de obras públicas tanto en la Dirección General de Carreteras como en ADIF, usando como intermediarios clave al exministro Ábalos y su asesor Koldo García.
Exdiputado del Congreso y su legado en el PSOE. Santos Cerdán, implicado en el caso Koldo y expulsado del partido.
El relato de los hechos sugiere que Cerdán se encargaba de reclamar las comisiones a las constructoras beneficiadas por contratos amañados y de distribuirlas entre los principales responsables políticos. “Eso le atribuye una indiscutible superioridad en la organización delictiva”, señala el fiscal. Esta posición privilegiada dentro del engranaje delictivo justificaría, según Anticorrupción, que permanezca en prisión para evitar cualquier intento de interferencia.
Mientras tanto, otros implicados comienzan a declarar ante la justicia. Este lunes lo hicieron Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero, exdirector de Carreteras. Ambos se desvincularon de la trama y rechazaron haber favorecido adjudicaciones irregulares, aunque el juez Ismael Moreno les impuso como medida cautelar la retirada del pasaporte. No obstante, la investigación sostiene que “pudieron facilitar adjudicaciones siguiendo las directrices del ministro a través de su asesor”, como apunta el auto del Supremo.
Audios, donaciones y patrimonio bajo la lupa
La defensa de Cerdán basa su estrategia en invalidar las grabaciones requisadas a Koldo García, donde se escuchan conversaciones relacionadas con el cobro de comisiones. Para ello, el Supremo ha ordenado realizar una copia idéntica de los audios y un análisis pericial que determine su autenticidad. La decisión podría ser determinante en el curso del caso.

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán entrando al Tribunal Supremo
A la vez, el magistrado Leopoldo Puente aguarda cinco informes clave que podrían dar un impulso definitivo a la causa. Entre ellos figura uno sobre las obras “señaladas en fluorescente” por el empresario Víctor de Aldama, quien colabora con la Fiscalía y ha aportado datos sobre licitaciones supuestamente amañadas.
Más sobre Santos Cerdán
En paralelo, el juez ha solicitado a la Seguridad Social la vida laboral de todos los empresarios investigados, así como la de Cerdán, Koldo García y otros posibles intermediarios. También ha pedido a Hacienda detalles sobre las donaciones realizadas por empresarios y la información patrimonial de Fiadelso, una fundación creada por Ábalos que sigue en el radar de la Guardia Civil como posible vehículo de cobros ilegales.
Por su parte, Cerdán intentó ganar puntos ante el juez aportando voluntariamente su situación patrimonial, aunque el instructor solo aceptó incluir sus datos, no los de su esposa e hija. Esa colaboración, sin embargo, no le evitó el ingreso en prisión, decretado sin fianza.
Hoy, la decisión del Supremo determinará si Cerdán sigue en Soto del Real o si puede enfrentar el proceso desde libertad provisional. Pero mientras no se disipe el “riesgo real de destrucción de pruebas” y se mantenga su presunto liderazgo en la organización criminal, la Fiscalía lo tiene claro: debe seguir en prisión.