Varias asociaciones han solicitado a la Delegación del Gobierno que impida una concentración prevista para este domingo en Las Palmas de Gran Canaria, por considerar que puede generar tensión social.
Un grupo de asociaciones sociales, sindicales y políticas ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias la prohibición de una concentración convocada para el próximo domingo, 27 de julio, en la Plaza de Manuel Becerra, en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.
La protesta ha sido anunciada como una reacción al caso de una joven de 17 años que resultó con quemaduras muy graves tras un incendio ocurrido el pasado 16 de julio en una vivienda ocupada de la zona. En el suceso, que sigue bajo investigación judicial, está implicado un joven de origen magrebí, actualmente detenido.
En un escrito remitido este lunes, las entidades firmantes expresan su preocupación por los posibles riesgos para la convivencia y el orden público que podría generar la convocatoria. Alertan de que el acto podría agravar la tensión social en un contexto especialmente sensible.
También advierten que la proximidad del lugar previsto para la concentración al centro de acogida de inmigrantes Canarias 50 añade, a su juicio, un factor de riesgo tanto para los residentes como para las personas alojadas en el centro.
Las asociaciones recuerdan que la legislación vigente permite a las autoridades prohibir concentraciones si existen motivos fundados para prever disturbios o riesgos para la seguridad de personas o bienes.
El escrito menciona también otras concentraciones recientes que no fueron notificadas oficialmente, pese a superar el número legal de asistentes, y que —según denuncian— no han sido sancionadas. Consideran que esto refleja una aplicación desigual de los criterios administrativos y reclaman coherencia por parte de la administración.
La solicitud llega en un contexto en el que se han producido hechos similares en otras ciudades españolas, algo que, según las asociaciones, hace aún más urgente tomar medidas preventivas.
Por todo ello, las asociaciones piden a la Delegación del Gobierno que considere cancelar la concentración como medida para garantizar la seguridad ciudadana y evitar posibles conflictos.
