La Generalitat ha criticado el Plan de Actuaciones 2025 de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque, entre otras cosas, «ignora que el riesgo de inundaciones es estructural en la Comunitat».
Para los representantes del Consell, este riesgo «afecta a todo el territorio, desde la Vega Baja hasta el Maestrazgo».
Según ha informado el ejecutivo autonómico, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, han asistido a la Junta de Gobierno de la CHJ, donde se ha abordado el Plan de Actuación 2025 de la CHJ.
Esta visión «compromete la posibilidad de diseñar una estrategia integral de prevención y protección frente a futuros episodios extremos» y, por ello, los representantes de la Generalitat se han opuesto al plan aprobado por la Junta de Gobierno de la CHJ.
Además, la Generalitat también ha denunciado la «baja ejecución de las actuaciones» de la CHJ frente al riesgo de inundación, y ha recordado que «según el mismo organismo no llega al 2% en 2024».
De esta forma, ha reclamado a este organismo que se lleven a cabo «las inversiones pendientes en la planificación, así como las obras de encauzamiento necesarias en el barranco del Poyo y el barranco de la Saleta, entre otros».
El conseller de Agricultura ha lamentado que, en materia de seguridad, «el plan se limita a proponer la reparación de infraestructuras dañadas«.
Además, cuando se cumplen diez meses después de la dana, ha subrayado la «urgencia» de implantar el Sistema Automático de Transmisión (SAT), una herramienta «clave» para la gestión de emergencias en episodios como el ocurrido en octubre de 2024.
Según el conseller, los cauces de la Comunitat Valenciana todavía carecen de esta herramienta, ya que «la Confederación Hidrográfica del Júcar no la ha implementado hasta la fecha».
Asimismo, Barrachina ha señalado que el Plan «omite actuaciones de interés común que son competencia del Ministerio como la limpieza de cauces, las obras necesarias en las depuradoras de Alicante o la construcción de presas clave para la seguridad ciudadana, como las de Vilamarxant o Montesa».
El conseller de Agricultura ha apuntado que en noviembre de 2024 se presentó al Gobierno de España un plan completo que contemplaba toda la Comunitat, con una inversión global de 2.390 millones de euros y una dotación anual de 500 millones de euros, «sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna».
De la misma forma, en el actual ejercicio solo se pretenden ejecutar 1,5 millones, «una cantidad totalmente insuficiente para lo que estamos necesitando».
«Todo ello pese a los anuncios a futuro del Ministerio de Transición Ecológica, que no están plasmados en ningún plan de la Confederación», ha incidido el conseller.
Asimismo, la Generalitat ha denunciado que, a día de hoy, «no se ha presentado el borrador del nuevo Real Decreto anunciado para modificar la normativa de gestión del riesgo de inundación» ni «se ha actualizado el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), cuya revisión no estará disponible hasta finales de año».
«Esta falta de avances normativos y técnicos supone un riesgo inaceptable para la seguridad de la población y obstaculiza la planificación de las actuaciones necesarias», manifiestan desde la institución.
En la misma línea, han asegurado que «el plan tampoco aclara qué fórmula legal se utilizará para recuperar el dominio público hidráulico, pese a que se presenta como una medida prioritaria».
«Esta falta de concreción genera una importante incertidumbre jurídica, especialmente en aquellos tramos donde los cauces se han ensanchado o profundizado hasta un 30 % como resultado de la dana, lo que afecta directamente a la delimitación de terrenos», agregan.
La Generalitat insiste en que «la gravedad de los daños causados por los temporales del pasado otoño exige una respuesta urgente, ambiciosa y clara por parte del Estado, con una visión de conjunto y una coordinación efectiva con las administraciones autonómicas y locales».
