El Ministerio del Interior colocó en el vallado fronterizo de Ceuta y Melilla, una de las infraestructuras más sensibles del Estado, cámaras de videovigilancia de una empresa china que en ese momento ya estaba siendo señalada por algunas de las primeras potencias del mundo como una «amenaza para la seguridad nacional».
Se trata de los dispositivos de vídeo de la empresa de seguridad Hikvision, fundada en 2001 y con sede en Hangzhou.
El documento que lo acredita, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, es el pliego de la «contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del perímetro fronterizo de España con Marruecos en las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta».
Según este documento, formalizado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, en 2021 se procedió a sustituir las cámaras de videovigilancia de la frontera y del circuito cerrado de televisión de la valla «debido a la obsolescencia del equipo».
En los anexos de este dosier se especifica que las cámaras instaladas para el exterior, hasta ese momento, eran de la marca Pelco, modelo Spectra IV.
«Debido a la obsolescencia del equipo citado, se están sustituyendo por cámaras DOMO exterior, marca Hikvision«, especifica.
El sistema de estas cámaras, señala Interior, «es capaz de realizar una rotación de 360 grados y tiene una función ‘autobasculante’ que permite al domo rotar 180 grados y reposicionarse para lograr
una visualización sin interrupciones».
Dosier del pliego de contratación en el que se describe que las cámaras Hikvision son las utilizadas en el vallado fronterizo.
«Están instaladas en columnas de 9 metros de altura, situadas entre las dos vallas metálicas del doble vallado, dotadas de un soporte que permite el correcto posicionamiento en plano horizontal y vertical», prosigue el pliego, que describe las capacidades técnicas de estos aparatos de vigilancia escogidos para un punto tan sensible como la frontera de ambas ciudades autónomas con Marruecos.
Tal y como reveló EL ESPAÑOL, el Ministerio que dirige Grande-Marlaska reconocía ya en aquel entonces las «graves deficiencias» en la protección del perímetro de Ceuta y Melilla.
Y por ello señalaba la necesidad de dar «prioridad a la implementación urgente de las deficiencias en los pasos fronterizos que se consideran graves, teniendo en cuenta la presión migratoria en esta frontera».
Este era el análisis que realizaba el Mando de Apoyo de la Guardia Civil en la memoria justificativa de un nuevo contrato con el que el Gobierno pretendía dotar de cámaras y tecnología militar de última generación a la verja de la ciudad autónoma, tras los recientes y graves episodios que se vivieron a comienzos del pasado verano.
Este último documento se titula Suministro e instalación de un sistema integral de vigilancia para la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla. Las carencias del vallado descritas por la Guardia Civil se focalizaban especialmente en el paso fronterizo de Beni-Enzar.
Interior informó internamente de que se estaban sustituyendo las cámaras obsoletas por las de Hikvision en julio de 2021. Y el 24 de junio del año siguiente, con ellas ya en funcionamiento, se produjo la mayor tragedia de la historia de la valla de Melilla.
En la frontera perdieron la vida al menos 27 migrantes, número que se incrementaría después según diversas ONG porque muchos heridos fueron expulsados a otras regiones.
Para más inri, hay 64 desaparecidos, muchos de los cuales, según distintos organismos, terminarían siendo enterrados en Marruecos, en fosas comunes sin identificar, sin contactar nunca con sus familiares ni ofrecerles reparación.
El documento al que ha accedido este periódico describe la tecnología de origen chino que se instaló en el circuito cerrado de televisión (CCTV) de la frontera.
«El sistema de CCTV está compuesto por 41 domos en el perímetro», entre los cuales hay algunos proporcionados por Hikvision, cuyo valor oscila entre los 1.500 y los 15.000 euros, según sus características.
Como ha informado EL ESPAÑOL, Interior y otras entidades de la Administración General del Estado llevan años comprando cámaras de videovigilancia para distintos organismos gubernamentales a esta compañía china, Hikvision, vetada en Estados Unidos, Reino Unido o el Parlamento Europeo por constituir una amenaza para la seguridad nacional.
Distintas fuentes en los servicios de inteligencia han manifestado a EL ESPAÑOL el malestar y «profunda desconfianza» hacia esta y otras empresas tecnológicas chinas, señaladas por sus vínculos con el Partido Comunista Chino.
Inquietud en el CNI
Y cuestionan que se introduzcan estos equipos en puntos tan sensibles como la valla de Ceuta y Melilla, emplazamientos críticos para la seguridad nacional.
«Se antepone el negocio a la seguridad del Estado«, señala un miembro del CNI consultado por EL ESPAÑOL: «La lejanía y el desconocimiento hace que nos olvidemos de China como enemigo de los intereses occidentales».
La preocupación por empresas como Hikvision o Huawei existe desde hace años. Sin embargo, como señala otro miembro del Centro, «no existe un concepto propio de seguridad» ni en las empresas ni en la propia Administración, que «incumple aquello que obliga a los demás». En su opinión, la falta de cultura de contrainteligencia es un error estructural.
La compañía Hikvision vende sus productos en España a través de distintas empresas distribuidoras de tecnología. La cifra real del valor total de sus cámaras que se utilizan para la vigilancia en entidades públicas es difícil de cuantificar, dado el elevado número de contratos adjudicados por las Administraciones españolas a esta firma.
En 2022, el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno abría un procedimiento para el «suministro de componentes para el sistema Hikcentral del circuito cerrado de televisión» de Moncloa. Así figura en el acta de la mesa de Contratación.
El Departamento de Seguridad de Presidencia justificaba que «las necesidades para la actualización del sistema de CCTV pasan por sustituir las cámaras de tecnología analógica, sustituir las que tienen visión deficiente y ampliar la red comunicaciones IP, para poder migrar las citadas cámaras».
El presupuesto de la licitación ascendió a 118.580,57 euros. La licitación pública especificaba que los precios de esas cámaras de seguridad oscilan entre los 670 euros, en el caso de las más baratas, hasta los 4.765 euros, para las más caras.
En España, esas cámaras son también utilizadas, según los distintos pliegos analizados por EL ESPAÑOL, por entidades como el Ministerio del Interior, Renfe, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Hacienda y Correos, entre otros organismos y entidades a nivel estatal, autonómico, provincial y local que disponen de esta tecnología.
Vetadas en EEUU y Reino Unido
Esta compañía es uno de los fabricantes y proveedor que lideran a nivel mundial la producción de productos de videovigilancia, tanto para fines civiles como militares. Sin embargo, en los últimos años algunas de las principales potencias occidentales han roto lazos con esta firma.
Uno de esos países es Canadá, cuyo gobierno ha ordenado este mismo año al proveedor chino que cese sus operaciones locales. Hace apenas unas semanas, su ministra de Industria señaló que, tras diversos análisis internos, las operaciones con esta compañía «serían perjudiciales para la seguridad nacional» del país.
Ya en el año 2019, la Casa Blanca incluyó a esta firma en su lista negra de empresas vetadas y bloqueadas en EEUU. Tres años después, en noviembre de 2022, Washington vetaría la importación de equipo de vigilancia de Hikvision y Dahua por presentar «un riesgo inaceptable de seguridad nacional».
En 2021, el Parlamento Europeo votó a favor de retirar las cámaras de Hikvision un año después de instalarlas. Así se decidió debido a «los abusos contra los derechos humanos». Esto se logró a través de una enmienda aprobada con el voto a favor del 89,4% de los 701 eurodiputados.
Al año siguiente, el gobierno del Reino Unido ordenaba a los distintos departamentos ministeriales que dejasen de instalar cámaras de vigilancia fabricadas por esta y otras empresas empresas chinas en lugares «sensibles» por motivos de seguridad, por temor a que estas firmas se vieran obligadas a compartir información con los servicios de inteligencia de Pekín. Lo mismo anunció Australia en febrero de 2023.
