Se le atribuye a Esquilo, padre de la tragedia griega, el conocido aforismo de que en la guerra la primera víctima es la verdad. Solo como licencia poética se puede calificar de guerra el larguísimo culebrón de la reforma de nuestro sistema de financiación autonómica, pero lo que sin duda es una tragedia es el espectáculo del gobierno de Pedro Sánchez sin modelo conocido en un asunto de tanta importancia, y lo que es peor, nuevamente, empeñado en ocultar la verdad en un asunto tan vital como este.
En honor a la verdad el espectáculo lo protagoniza toda la izquierda, con el PSOE a la cabeza, cautiva de su pacto con el nacionalismo y empeñada en convencernos de que singularidad e igualdad son lo mismo, que a la multilateralidad se llega sumando unas cuantas bilateralidades y que un país federal es aquel en el que el gobierno federal carece de capacidad para imponer tributos a los ciudadanos de una parte de su territorio; donde solo recaudará, liquidará e inspeccionará otro gobierno, llamado Generalitat en este caso, que, además, tendrá la plena disponibilidad sobre lo recaudado.
Es una pena que los federalistas americanos no hubiesen sabido esto, se hubiesen ahorrado una guerra.
Oculta bajo los escombros de un montón de adjetivos edulcorantes yacía la verdad el pasado lunes, durante la rueda de prensa del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, del PSC. La verdad es que lo que empezó siendo un pacto de partidos (PSOE-ERC) para lograr la investidura de Salvador Illa, escaló a la categoría de acuerdo entre gobiernos y está a un paso de convertirse en norma de obligado cumplimiento. La verdad es que estamos a un paso de levantar un nuevo modelo de reparto de los dineros públicos, que es tanto como decir un nuevo modelo de reparto del poder político en España. La verdad es que no estamos en presencia de una reforma del modelo de financiación, sino de uno nuevo. La verdad es que se tiene claro hacia donde se va, aunque se modulen el cómo y el cuándo. La verdad, en fin, salió con toda crudeza de la boca del conseller Dalmau cuando dijo que el acuerdo con el Gobierno en el marco de la Comisión Bilateral «no es una actualización» del actual sistema de financiación autonómica, «sino un cambio de paradigma».
Y ¿cuál es ese nuevo paradigma? Pues también lo dejó muy claro: «se pasa de un modelo basado en los gastos a un modelo basado en los ingresos». Ahí lo tienen los incrédulos, no importa cuales sean las necesidades de los que se sigan llamando españolitos, la perspectiva dominante será la de los que pagan, la de los aportantes, los pudientes, los que más tienen, en lenguaje tan querido para la izquierda. Lo de la capacidad redistributiva del Estado pasó a mejor vida. Con esta nueva arquitectura, Cataluña recabará los ingresos, entregará al Estado un porcentaje para pagar los gastos de los servicios que presta a la comunidad, como si de un mero arrendamiento de servicios se tratase, y el resto lo administrará según sus competencias. Una vez ejecutado este reparto, la Generalitat hará una nueva aportación al Estado –la cuota de solidaridad– que dependerá de que los perceptores nos comportemos correctamente y que, en todo caso, se pactará periódicamente. Finalmente el Gobierno hará otra inyección de recursos para cubrir las competencias singulares, no homogéneas, que tiene Catalunya. Y esto, señores, es el «cupo catalán», con ciertos retoques para hacerlo digerible en pleno siglo XXI pero que bebe de las mismas fuentes que el concierto vasco, los fueros redivivos. Un modelo paccionado entre Cataluña y el Estado que refuerza aún más el peso político de los nacionalistas, convertidos ya en constructores de mayorías políticas por mor de nuestro desquiciado sistema de partidos; y que, en poco tiempo, habrán alcanzado su objetivo confesado, que ya no es tanto irse formalmente de España, como borrar en su territorio todo vestigio de pertenencia a España. Trampa para incautos lo de que «no se entiende», «hay que esperar», «hay que aterrizarlo». Nunca se ha visto una representación tan clara del cuento infantil de Pedro y el Lobo que la que se representa ahora en el teatro político asturiano, sospecho que el aterrizaje será catastrófico.
Por eso el pronunciamiento que cabe exigir a nuestros políticos, a todos, pero singularmente a los de la izquierda y muy especialmente al presidente Barbón es si están de acuerdo con este nuevo modelo. Y deben hacerlo ahora, ya, sin ampararse en vaguedades, cuestiones técnicas, declaraciones del pasado desbordadas por la realidad o muletillas buenistas. «Multilateralidad» dicen, en presencia de un pacto anunciado a bombo y platillo entre el Estado y una sola comunidad. «No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias», ¡estaría bueno!, cuando tienen a su disposición todos los informes técnicos que deseen para comprobar lo letal que para una comunidad como la nuestra resulta este nuevo paradigma. «No aceptaré privilegios», ¿pero hay mayor privilegio que otorgarle a una de las comunidades más ricas el poder de recaudar los impuestos de sus habitantes, mientras define el marco en el que juegan los demás?
El presidente Barbón, que en algunos medios madrileños pasa por crítico, sin embargo ha sido incapaz de concretar esas supuestas críticas. Tragó con el pacto de su partido con ERC que consagraba la independencia fiscal de Cataluña en aras de un bien mayor, la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Tragó con la condonación de la deuda de Cataluña, por aquello de que algo se le perdonaba también a Asturias. Salió de su reunión con Pedro Sánchez en Moncloa convencido de que no habría un cambio puntual en la financiación para Cataluña sino no lo aceptaban las demás comunidades, ahora ya tenemos un nuevo «paradigma» pactado solo con Cataluña. Y ahora sigue remontándose a una Declaración de Santiago de 2021 rubricada por Galicia, Aragón, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Murcia, reclamando al PP la vuelta a ese consenso, cuando los que han abandonado ese consenso son él y su partido, el PSOE/PSC, junto con su gobierno, el de Pedro Sánchez. Y es que el coraje político no se puede sustituir por la presencia compulsiva en redes sociales.
Seguir con los juegos de palabras y el filibusterismo parlamentario cuando ya hay una propuesta concreta encima de la mesa que marca una estación de destino clara, la misma que ya habían pactado Illa y Junqueras hace un año, la independencia fiscal de Cataluña, es la mayor de las irresponsabilidades.
Pero la irresponsabilidad de nuestros dirigentes no es el único riesgo, también emerge el de un cierto adormecimiento social de la mano de todos aquellos que creen que ante la magnitud del disparate este no se concretará. A todos ellos solo hay que explicarles dos cosas. La primera, solo restan dos pasos para que lo pactado se convierta en norma. Uno, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para vestir de multilateral lo que solo es un acuerdo a dos, pero por mucho que se le cite como referente en realidad se trata de un órgano capado de competencias y en el que el gobierno central y la Generalitat tienen, por si solos, la mayoría del 51%. En el siguiente paso, anunciado para final de año, las reformas de la LOFCA y leyes complementarias requerirán de 176 diputados en el Congreso, los mismos que la mayoría que mantiene con respiración asistida al gobierno de Pedro Sánchez. Teniendo en cuenta que este es el momento de su mayor debilidad, por tanto el más peligroso, y que en esa mayoría la última palabra la tienen ERC y Puigdemont, yo no me la jugaría a que en el último minuto no se saque adelante el engendro recubierto de muchas capas de progresismo de salón. Todo ello tras una difícil y ardua negociación, como siempre con presión concesista a favor de los enfurruñados nacionalistas que saben muy bien la oportunidad que tienen delante. Por eso la única batalla política que importa ahora, lo siento por el parlamento asturiano, es en el seno de los partidos de izquierda, singularmente del PSOE y Sumar, solo resta comprobar si van a convalidar con su voto en el Congreso este disparate. El presidente Barbón, por ahora, también se ha borrado de esta batalla.
La segunda cuestión está bien a la vista. ¿Alguien podía suponer, hace apenas dos años, que a esta alturas tendríamos aprobada y convalidada constitucionalmente una Ley de Amnistía calificada entonces de disparate por los que luego la promovieron? Y es que de convalidar disparates esta empedrado nuestro presente. Por cierto, el PSOE y la izquierda en el poder, ni en el caso de la amnistía, ni en el del modelo de financiación, que es tanto como decir el modelo de país que se pretende, sometió sus intenciones al juicio de los españoles en las recientes elecciones. Por eso, esto también va del respeto a las normas básicas de la democracia, aquellas que seguramente no están en ninguna norma escrita pero cuyo respeto marca la sanidad del sistema y lo distingue de las autocracias.
La batalla que queda en esta guerra metafórica es la batalla por la construcción de España, pendiente desde el 78 y en la que sabemos desde hace tiempo las armas con las que juega el otro bando, los empeñados en deconstruir el proyecto común que es España. Lo malo es que después de tantos años aún no conocemos el modelo de país por el que batallan todos los que se supone están a esta orilla del río, he de decir que a mi me importa singularmente la izquierda, el de otros lo puedo imaginar. Quizá sea este el último momento para que nos lo expliquen, antes de que el vendaval provocado por tanto disparate convierta ya en perfectamente prescindible su opinión.
Voy acabando, que un objetor de conciencia que no hizo la mili recurra a tanta metáfora belicista es una franca contradicción, sin duda, pero es que no encontré mejor manera de quitarme de encima el hastío, el cabreo y la impotencia, mil disculpas.
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