El PP anunció el jueves a mediodía en un breve comunicado que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro solicitó por la mañana dejar de estar afiliado al partido tras ser imputado por corrupción. Esta decisión facilita a Alberto Núñez Feijóo la gestión de este este asunto, que se conoce en plena crisis del Gobierno y el PSOE por el escándalo de comisiones ilegales que se habrían llevado José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Fuentes de la dirección del PP subrayaron que «Montoro ha tardado menos de un día en dejar de ser afiliado» mientras que el partido socialista expulsó a Ábalos 16 meses después de ser imputado.
Montoro y una veintena de personas más (varias colaboradoras del exministro en el departamento de Hacienda) han sido señaladas por un juez de Tarragona por amañar leyes para favorecer a empresas gasistas. Según fuentes de la dirección del partido conservador, Montoro era el único afiliado de los cargos investigados.
El partido asegura que el exministro es el único militante entre la veintena de cargos señalados por el juez
En el comunicado, de apenas tres párrafos, el PP asegura que el comité de derechos y garantías de la formación (órgano de control interno del partido) decidió la noche del miércoles «la apertura de un procedimiento de información relacionado con este caso» y que ahora quedará en «suspenso» tras la decisión de Montoro de dejar de estar afiliado al PP. La dirección de la formación no había informado de ese expediente informativo ni el miércoles por la noche ni a lo largo de la mañana del jueves, un tiempo en el que las llamadas de la prensa a la sede de Génova pidiendo información se multiplicaron y varios altos cargos de la actual cúpula del partido tuvieron que responder algunas preguntas sobre Montoro. Elías Bendodo, vicesecretario de política autonómica y municipal, recordó poco antes de conocer el comunicado que el exministro no tiene ninguna «vinculación laboral» con el actual equipo de Feijóo y rechazó cualquier responsabilidad del actual líder del PP en ese asunto. Dijo que es como si a Pedro Sánchez le pidieran cuentas ahora por el caso Filesa, de financiación irregular, que afectó al PSOE en los años 90.
En la misma línea, Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, se revolvió ante la «comparación» que el Gobierno y el PSOE están haciendo entre este asunto y el que afecta a Ábalos y Cerdán. «Si hacemos un análisis amplio, aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen…», declaró Bravo tras insistir en que su partido quiere que se investigue a fondo cualquier duda sobre la actuación del exministro y su entorno.
El auto del juez conocido el miércoles señala que Montoro, que estuvo al frente de Hacienda entre 2011 y 2018 (toda la etapa de Mariano Rajoy), y una quincena de colaboradores en el departamento hicieron leyes a medida para favorecer a empresas de gas. La justicia ha investigado durante siete años las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro fundó en 2008 y del que se desligó en 2012. Ese despacho cobró 779.000 euros de empresas gasistas.
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