El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana López, emitió este miércoles una resolución dirigida al presidente de la Diputación Provincial de Zamora, recordándole la obligación de contestar a un escrito registrado el 22 de octubre de 2024 por la Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera. El documento reprocha la falta de contestación al recurso de impugnación de un acuerdo de la Junta Vecinal de Santa Marta de Tera, relativo a la clausura del cementerio parroquial, tras más de ocho meses sin respuesta formal.
La resolución del alto magistrado recuerda que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece un plazo máximo de tres meses para responder a las solicitudes ciudadanas, periodo que en este caso ya ha expirado según advierte el Procurador. También reseña que la Constitución Española, y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantizan el derecho a una buena administración, principio invocado en la resolución para exigir una respuesta oportuna.
La resolución cita el decálogo de las Defensorías del Pueblo, que califica la inacción administrativa como generadora de indefensión para los ciudadanos, especialmente cuando defienden intereses de carácter colectivo. El Procurador del Común recomienda que la Diputación Provincial de Zamora adopte el acuerdo que estime pertinente o, en caso de incompetencia, traslade el expediente al órgano competente, notificando su decisión en un plazo máximo de dos meses para evitar su publicación en la sede electrónica.
Comunicado de la Asociación
En un comunicado, el presidente de la Asociación Cultural Las Eras, Fernando Rodríguez Tocino, recuerda que había recomendado al presidente de la Diputación que «revise bien los documentos que tiene encima de su mesa, por si pudiera encontrar algún escrito más al que no le haya dado aún contestación y que pudiera ser del 2024, y que no eche, luego, la culpa al registro”. Rodríguez Tocino sugirió esta revisión después de que la asociación y su presidente fueran «responsabilizados de la dimisión de dos alcaldes en Santa Marta de Tera, cuando esta Asociación ni siquiera se había registrado el primer alcalde dimitió en mayo de 2024 y la Asociación se registró en octubre de 2024, cinco meses después».
La Asociación considera que esta nueva resolución del Procurador del Común «evidencia la voluntad institucional de resolver el conflicto de manera adecuada» y confían «que esta vez no se atribuya la omisión a problemas de registro o saturación administrativa, como ocurrió anteriormente», dice la nota.
