El PNV estornudó durante la comparecencia de Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso y el Gobierno cogió resfriado. A pesar del apoyo, condicionado y temporal, de la mayoría de investidura tras el escándalo del ‘caso Cerdán’, el Ejecutivo tomó nota de la advertencia de los nacionalistas vascos, sus “socios prioritarios”. La portavoz de la formación jeltzale, Maribel Vaquero, situó su confianza “en la UCI”, instando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, dimitir o convocar elecciones. La reunión de la Comisión Bilateral de este martes en La Moncloa, entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales, estaba agendada antes de la amenaza, pero ha servido para aliviar en parte la congestión con el impulso a medidas pendientes del pacto de investidura. El lehendakari se ha ido con un nuevo paquete de transferencias bajo el brazo, incluido el primer bloque de la Seguridad Social, y el jefe del Ejecutivo ha buscado con ello sacar de la UCI la confianza de su formación en el Gobierno.
«Reconozco voluntad política por su parte, pero es exigible un mayor liderazgo y coordinación en su Gobierno que remueva los obstáculos administrativos y las resistencias políticas que nos estamos encontrando», ha apuntado Pradales tras el encuentro para exigir más celeridad «para cumplir con el calendario pactado». A finales de año se celebrará una nueva comisión bilateral, donde seguir avanzando en el cumplimiento de estos acuerdos.
El traspaso del primer bloque de la Seguridad Social comprende las prestaciones no contributivas, así como del Seguro Escolar. Pra ello se ha sellado un acuerdo político sobre el traspaso de la gestión de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, del subsidio especial por nacimiento en su modalidad no contributiva. El objeto de la transferencia es la asunción de las funciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto a la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar.
Además de estas transferencias, se ha consensuado el el traspaso de funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación estatal sobre Salvamento Marítimo en las aguas interiores y territoriales correspondientes a su litoral. El otro acuerdo tiene que ver con la ampliación de medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La intención para el traspaso de la Seguridad Social pasa por avanzar por fases, diferenciando las prestaciones no contributivas, el subsidio de desempleo y las prestaciones de paro, que vinculan a diferentes ministerios. En el Ejecutivo pusieron el freno a esta transferencia desde el principio de la legislatura, pero durante los últimos meses se habían producido conversaciones discretas para desencallarlo. Diálogo, discreción en las negociaciones y garantía de que “el Gobierno cumple sus acuerdos”, solían repetir desde Moncloa como respuesta a los avances en esta carpeta.
Las dos últimas competencias trasferidas a Euskadi, el pasado mes de marzo, fueron las de permisos de trabajo a personas extranjeras y meteorología. Se sumaron a las de gestión de litoral, Cercanías, homologación de títulos extranjeros, producciones cinematográficas y las relativas a funciones y servicios de inmigración. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, hace ahora siete años, Euskadi acumula alrededor de un 60% de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. El PNV arrancó al Ejecutivo un compromiso de investidura para cerrar todas las transferencias pendientes en el estatuto de Gernika. Este compromiso se ratificó también en el acuerdo de coalición con el PSE-EE tras las últimas autonómicas.
