En la vista celebrada ante la Gran Sala del TJUE, el Ejecutivo comunitario -cuyo punto de vista es clave al ejercer la función de guardián de los Tratados- ha señalado además que «existen dudas» de que las disposiciones de esta norma sean «claras y precisas», lo que pone en riesgo el principio de seguridad jurídica.
Bruselas también ha reprochado al legislador español que no haya atendido las recomendaciones de la Comisión de Venecia de tomarse «el tiempo necesario» para llevar a cabo un «diálogo significativo» con el fin de lograr «el objetivo invocado de la reconciliación».
A la Comisión le preocupa además que algunos de los artículos de la Ley de Amnistía, en particular la obligación que impone a los tribunales de pronunciarse en un plazo de dos meses, podría haber impedido al Tribunal de Cuentas investigar si se utilizaron fondos de la UE para el ‘procés’.
En la vista en cuestión se ha examinado el primero de los casos sobre la Ley de Amnistía que ha llegado a la justicia europea, el remitido por el Tribunal de Cuentas a raíz de una denuncia de Sociedad Civil Catalana.
Se trata de determinar si la norma de olvido penal debe aplicarse a los miembros del Gobierno catalán que desviaron hasta 5 millones de euros de fondos públicos para pagar el referéndum del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia de Cataluña, así como una serie de iniciativas para promover fuera de España la independencia de Cataluña.
En la sesión pública, el representante legal del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca Cavides, ha defendido, punto por punto, su dictamen contrario a la Ley de Amnistía que adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL.
«No parece que la Ley de Amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España», ha explicado.
«Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación», ha señalado el representante de la Comisión.
«Por otro lado, también existen dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la Ley sean claras y precisas y lo cierto es que el legislador español tampoco atendió las recomendaciones de la Comisión de Venecia a este respecto», sostiene Urraca Caviedes.
«En particular, si como lo sostiene el Tribunal de Cuentas, la Ley de Amnistía da lugar a exenciones de responsabilidad de personas que normalmente no deberían ser contempladas habida cuenta del objeto de la ley, entonces no se cumpliría este requisito de que las normas sean claras y precisas», ha zanjado.
El representante del Ejecutivo comunitario ha censurado además la obligación de aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses, porque eso podría haber impedido al Tribunal de Cuentas investigar si se utilizaron fondos europeos en el ‘procés’, lo que en principio quedaría fuera del ámbito de la Ley.
«Ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal», ha señalado Urraca Caviedes.
En la vista han intervenido además representantes de Sociedad Civil Catalana, de los políticos catalanes acusados -entre los que se encuentran Carles Puigdemont o Oriol Junqueras-, así como de la fiscalía del Tribunal de Cuentas y de la abogacía general del Estado.
Tanto el fiscal Manuel Martín-Granizo como la abogada del Estado Andrea Gavela Llopis han defendido que la Ley de Amnistía es en primera instancia un asunto nacional puesto que no existe legislación europea en la materia.
También han presentado como argumento de autoridad en defensa de la norma el aval que le ha dado el Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado 26 de junio. Y han destacado que no hay ningún inicidio de que se hayan utilizando fondos de la UE para financiar el ‘procés’.
La Gran Sala está compuesta por 15 de los 27 jueces del TJUE -incluyendo el presidente y el vicepresidente- y se encarga de asuntos de especial importancia o gran sensibilidad.
El TJUE tarda de media 17,2 meses en responder a las cuestiones prejudiciales. Si se cumplen los plazos, la primera sentencia podría llegar durante el primer trimestre de 2026, aunque también podría retrasarse más tiempo dada la complejidad del caso.
