Hasta cinco informes del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) publicados en los últimos seis años vinculan de un modo u otro el fenómeno de la inmigración con distintos tipos de delincuencia en España, en contra de lo que sostiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Los informes consultados por EL ESPAÑOL están elaborados con datos e información procedentes del propio Ministerio del Interior, de Exteriores, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de otros organismos dedicados a la seguridad.
Uno de esos informes es la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019‑2023, que precisamente está siendo actualizado por el Gobierno esta misma semana.
En este documento se reconoce que los procesos de migración masiva pueden tener consecuencias secundarias en los países receptores.
Lo hace al hablar sobre África y América Latina: «En ambos continentes y también en otras regiones se presentan fenómenos complejos de migraciones masivas, debidas a conflictos armados, crisis económicas y cambios geopolíticos».
«Estas circunstancias pueden coadyuvar en los próximos años al desarrollo en los países receptores de cierta criminalidad procedente de aquellos territorios», vaticina.
Una criminalidad, continúa, «que favorezca, a su vez, el incremento de grupos de delincuencia radical, más o menos estructurados, que dé lugar a enfrentamientos violentos con las organizaciones delictivas autóctonas y entre delincuentes de distinta procedencia».
Ese párrafo apunta a la posibilidad de que algunas formas de criminalidad procedentes de los territorios de origen pudieran reproducirse o trasladarse a España. Algo que, de hecho, ya está ocurriendo.
El análisis profundiza en los riesgos potenciales para la Seguridad Nacional, sin criminalizar en sí misma a la inmigración. Sin embargo, reconoce un riesgo potencial de que, junto con flujos migratorios masivos, ciertas estructuras criminales puedan instalarse o reproducirse en España.
El ministro Marlaska sostenía este lunes, tras los sucesos de Torre Pacheco, que «no hay identificación entre delincuencia e inmigración. Ningún elemento determinante pone en relación delincuencia e inmigración».
Inmigración y terrorismo
El segundo de los documentos es la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023. En él se describe cómo la crisis multidimensional del Sahel afecta indefectiblemente a la estabilidad en la zona y, de manera directa, a los intereses nacionales de España, «especialmente en lo que se refiere a la amenaza terrorista y al aumento de los flujos migratorios irregulares hacia nuestro país».
Estos flujos, señala este análisis, elaborado con información de las fuerzas de la lucha antiterrorista, «pueden ser aprovechados por elementos terroristas para dar cobertura a sus desplazamientos».
Por ello, España considera que los esfuerzos en la lucha antiterrorista en esta región deben centrarse en misiones de adiestramiento enfocadas a capacitar a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad locales, con el fin de contener «el terrorismo, así como en la mejora de los sistemas de control migratorio».
«Así, la situación de seguridad en el Magreb», sentencia este documento, «continúa siendo uno de los factores que más incide en el nivel de amenaza terrorista en España y sobre nuestros intereses en dicha región».
«Además, existen varios elementos que mantienen esta amenaza, entre los que se encuentran los estrechos vínculos entre yihadistas magrebíes con residentes en nuestro país, así como el elevado porcentaje de CTE y terroristas detenidos en España con esta procedencia», añade.
«Las conexiones puntuales detectadas entre yihadistas y redes de tráfico de personas, sobre todo en el Mediterráneo central, incrementan el riesgo de entrada en territorio europeo de retornados y de otros terroristas, así como de individuos altamente radicalizados», finaliza el texto.
Estrategia híbrida
También se incide en la vinculación entre inmigración y delincuencia en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024.
Este informe advierte sobre la posibilidad de que actores estatales o no estatales utilicen «olas incontroladas de inmigración irregular» como herramienta dentro de estrategias híbridas, con el objetivo de generar vulnerabilidades estratégicas en España, en clara referencia a Marruecos, que utiliza la inmigración como elemento de presión contra nuestro país.
En este dosier se destaca el riesgo en zonas como el Estrecho de Gibraltar, «especialmente expuesta a flujos migratorios irregulares por vía marítima».
Un cuarto documento es el Informe Anual de Seguridad Nacional 2023. En él se describe la «presión migratoria» como una de las cinco principales amenazas («intensidad muy alta») para España.
Indica que los flujos, especialmente desde Marruecos, Senegal, Argelia y el África Subsahariana, «generan retos de carácter securitario en sentido amplio que hay que gestionar».
Por último, el Informe Anual de Seguridad Nacional 2024 señala a la inmigración irregular como uno de los cinco riesgos y amenazas de mayor intensidad el pasado año, según los especialistas del Gobierno.
En él, se describe cómo los flujos migratorios pueden ser utilizados por «individuos vinculados al terrorismo que se valen de estos movimientos para alcanzar el continente europeo».
