El magistrado que ha propuesto sentar en el banquillo por primera vez en democracia a un fiscal general de Estado, afirmando en el relato de hechos de su auto que la presunta revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se realizó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno», es un jurista con 42 años de experiencia en la judicatura, acostumbrando a lidiar con asuntos de gran trascendencia y que despiertan respuestas en ocasiones extremas desde el ámbito político.
Su investigación sobre las gestiones realizadas en la Fiscalía de Madrid, a raíz de la petición del propio Álvaro García Ortiz, para hacerse con los correos intercambiados por la defensa del empresario Alberto González Amador en un pleito por fraude a Hacienda, ha sido avalada por la sala de apelaciones del alto tribunal. Entre ellas, el registro realizado en el despacho del propio fiscal general, un órgano al que Hurtado ascendió en 2020 por una decisión de consenso de un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, que en esos momentos se encontraba fuertemente fragmentado a causa del bloqueo para su renovación.
Pero esta no es la primera vez que Hurtado copa los titulares de prensa por un asunto con repercusiones políticas. Ya lo hizo en 2018, dos años antes de ascender al órgano al que todo juez de lo penal aspira, la Sala II del Supremo, cuando firmó el voto particular del primer juicio contra la Gürtel exculpando al PP, partido al que sus compañeros condenaron como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta liderada por Francisco Correa.
Su última decisión sobre el fiscal general le ha valido el aplauso público de quienes consideran que desde la Fiscalía se ha incurrido en una conducta intolerable en democracia, pero también fuertes críticas incluso desde el Gobierno, cuya portavoz, Pilar Alegría, llegó incluso a insinuar tras el último Consejo de Ministros que su decisión podría incurrir en prevaricación: «Está haciendo cosas difíciles de entender», afirmó.
Ángel Luis Hurtado Adrián es juez desde 1983, cuando tomó posesión del juzgado de distrito de Telde, desde donde se trasladó primero a Puerto del Rosario y, un año después, a Las Palmas. En los años siguientes pasó por Arrecife y después llegó a la ciudad vasca de Vitoria-Gasteiz, donde sirvió entre 1988 y 1991 hasta conseguir plaza en un juzgado de instrucción de Madrid y luego en su Audiencia Provincial. Desde el año 2006 ocupó plaza en la Audiencia Nacional, donde alcanzó notoriedad pública por ser el presidente del primer tribunal de la Gürtel, el primero en llamar a declarar a juicio, como testigo, a un presidente del Gobierno en ejercicio, Mariano Rajoy, una decisión que se vio obligado a adoptar pese a no contar en inicio con su visto bueno.
El fiscal Álvaro García Ortiz y juez Ángel Hurtado / EP
Su llegada al Tribunal Supremo, en septiembre de 2020, se acordó con el apoyo de 19 de los vocales que integraban entonces el Consejo General del Poder Judicial, es decir, precisó el consenso entre los sectores conservador y progresista del órgano y únicamente votaron en blanco Álvaro Cuesta y Concepción Sáez, quienes se oponían por principio a cualquier nombramiento una vez había concluido su mandato. En la misma ronda y concitando el mismo consenso entró al alto tribunal Leopoldo Puente, otro magistrado que recibe también todas las miradas por la instrucción de la causa contra el exministro José Luis Ábalos.
En su voto particular de la sentencia contra la primera etapa de la trama Gürtel, Hurtado discrepó de sus compañeros al considerar improcedente vincular al grupo de Correa con una suerte de corrupción institucional, del PP, que argumentaba en «su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos». Se trataba de una sentencia que, a la postre, dio lugar a la moción de censura que costó la presidencia a Rajoy apenas un mes después de conocerse la sentencia.
Couso y Ramoncín
Otra de sus decisiones mediáticas fue el archivo en 2008, por parte de la sala en la que él era presidente, de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigaba a tres militares estadounidenses por la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003. El ponente de la citada decisión fue, no obstante, José Ricardo de Prada, un magistrado de corte progresista que junto con sus compañeros no encontró indicios suficientes para mantener el procesamiento de los miembros del ejército de EE.UU, una decisión que fue reiteradamente recurrida y avalada definitivamente por el Tribunal Supremo en 2016.
También formó parte del tribunal que absolvió al cantante Ramoncín y a otros tres excargos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), al entender que no se podía considerar probado que se apropiaran de 57.402 euros y que la salida de fondos obedeció a proyectos que no fueron «hipotéticos», sino reales, elaborados por el músico.
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