La Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat dará luz verde este lunes a un nuevo modelo de financiación autonómico para Cataluña que será «singular, federal y generalizable» y que ha sido pactado entre el PSC y ERC y que ahora ambos gobiernos asumirán, aunque los republicanos advierten que la concreción de este sistema no está cerrada y presionan a los socialistas.
El acuerdo en el que han estado trabajando ambos Ejecutivos contempla que el traspaso de los impuestos comenzará con que la Generalitat recaude todo el IRPF generado en Cataluña durante 2026. ERC exige la gestión de otros impuestos en el futuro.
Pactar un modelo de financiación singular es uno de los puntos del acuerdo entre PSC y ERC para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla «la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos» con el objetivo claro de que Cataluña tenga un mayor autogobierno en materia económica.
El modelo acordado contempla que la Generalitat gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, determina que la solidaridad con el resto de comunidades debe estar limitada por el principio de ordinalidad y prevé que la administración catalana aumente sustancialmente su capacidad normativa.
La reunión de esta Comisión Bilateral tendrá lugar este lunes a las 12:00 horas en el Palau de la Generalitat. En ella está previsto que se aborden los detalles de una proposición de ley que se presentará en el Congreso de los Diputados para que el IRPF sea gestionado por la Agència Tributària de Catalunya (ATC) a partir de 2026.
Un sistema tributario «federal»
En el contenido de dicho acuerdo, al que ha tenido acceso El País, se contempla que este modelo podrá ser «generalizable» a las comunidades autónomas que lo deseen con una óptica «federal». Es decir, se da libertad a que cada Gobierno autonómico decida qué parte de la gestión tributaria quiere asumir.
Lo que ofrece Hacienda al Govern es «avanzar hacia un modelo de gestión del sistema tributario en red, con participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Administraciones Tributarias autonómicas».
Es decir, que «los agentes autonómicos podrán asumir progresivamente mayores competencias gestoras, sin perjuicio de la existencia de reglas de coordinación que aseguren que el sistema tributario se gestione de forma eficaz y eficiente y con plenas garantías en la prevención y lucha contra el fraude«.
De esta manera, el Ejecutivo da un paso más en su apuesta por Cataluña en pro de una autonomía fiscal y financiera que «es compatible con un modelo tributario federal con mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección».
En todo caso, la financiación singular de Cataluña prevé una cuota de solidaridad con las comunidades autónomas menos ricas y que se respete el principio de ordinalidad, es decir, que Cataluña mantenga la misma posición en la clasificación de lo que aporta y lo que recibe.
Una reunión sin Montero
En la mesa de negociación de hoy, por parte del Gobierno de Sánchez, se sentarán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto.
Por parte del Govern estarán, entre otros, los consellers de Presidencia y de Economía y Hacienda, Albert Dalmau y Alícia Romero.
Estará ausente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pese a que esta cuestión es de su competencia. En las últimas semanas ha recibido las críticas de ERC, que la acusa de ser un freno en las negociaciones debido a su condición también de candidata del PSOE en Andalucía.
La comisión se celebrará con un retraso de dos semanas respecto al acuerdo entre PSC y ERC, que indicaba que el acuerdo debía estar listo para el pasado 30 de junio, aunque su líder, Oriol Junqueras, dio «unas semanas más» al PSOE para alcanzarlo.
De hecho, los republicanos achacaron entonces a Montero una ralentización en la negociación, que se ha acelerado en las últimas semanas tras la aparición del caso Santos Cerdán.
«Concierto económico»
Este sábado, Junqueras anunció que su grupo del Congreso presentará en los próximos días por su cuenta, a modo de presión, una proposición de reforma legislativa para asegurar que Cataluña pueda cobrar y gestionar todo el IRPF, su primer objetivo, y «también en el futuro el resto del sistema impositivo».
«No es lo mismo que Cataluña pueda gestionar 30.000 millones de euros con la incorporación del IRPF que 5.000 millones al año» ahora, afirmó el líder republicano a 48 horas de la celebración de la Comisión Bilateral de este lunes.
Además, avisó de que la concreción del acuerdo no está cerrada, dejando en el aire su apoyo a los anuncios que se hagan.
Por su parte, desde el Gobierno, María Jesús Montero defendió este viernes que lo que se pacte no generará un agravio territorial con regiones y que estará «en manos de todas las comunidades autónomas que quieran desarrollar su estatuto de autonomía».
Desde ERC, defienden que un modelo de financiación que sea extrapolable a otras comunidades autónomas «no quiere decir que no sea singular» para Cataluña ya que lo que han estado negociando se parece bastante, desde el punto de vista técnico, a un «concierto económico», en palabras de su vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert.
IRPF… y otros impuestos
El pasado martes, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, explicó que el Govern prevé reforzar la Agència Tributària de Catalunya para poder gestionar el IRPF a partir del próximo año y otros impuestos en el futuro.
En mayo, la Generalitat aprobó ampliar la plantilla presupuestaria de la ATC con 200 nuevas plazas, con el objetivo de dotarla de los recursos humanos necesarios para asumir los nuevos retos y competencias derivados del nuevo modelo de financiación.
Está previsto que una vez aprobado el acuerdo y modificada la relación de puestos de trabajo, se apruebe la oferta pública de empleo, a partir de la cual la ATC convocará a los procesos selectivos correspondientes.
Con estas convocatorias, la Agencia prevé cubrir 20 plazas del cuerpo superior de inspectores tributarios, 30 del cuerpo superior de técnicos tributarios y 40 del cuerpo técnico de gestores tributarios.
También se propiciará la cobertura de 45 plazas de otros cuerpos de administración general y especial de perfil técnico y 65 administrativos o auxiliares administrativos, y se impulsará la contratación de puestos de trabajo de naturaleza laboral en el ámbito tecnológico.
Estas 200 nuevas plazas se añaden a las 50 que ya preveía la Agència para 2024, de las que 40 se convocarán de forma inminente y las otras 10, antes de que acabe el año, de forma que la ATC aumentará su plantilla actual, aproximadamente en torno a los 830 profesionales, con el objetivo de que progresivamente pueda asumir la gestión de nuevas figuras tributarias, más allá del IRPF.
