El Gobierno acelera algunos de los grandes compromisos pendientes en los pactos de investidura ante la amenaza de ruptura por parte de los socios si escala la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública en el PSOE. En la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, de donde salió con algo más de oxígeno del esperado, los aliados dejaron claro al jefe del Ejecutivo que, por el momento y pese a su incomodidad, seguirán sosteniendo la legislatura, pero que este apoyo está condicionado a que cumpla con los acuerdos cerrados en el verano de 2023. La próxima semana será clave para ello con tres grandes hitos en la agenda.
El lunes se celebrará la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para sentar las bases de la financiación singular pactada con ERC, el martes será el propio Pedro Sánchez quien se reúna con el Lehendakari, Imanol Pradales (PNV), para encarrilar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, incluido el régimen económico de la Seguridad Social, y el viernes se batallará la oficialidad del catalán en la UE, pactada con Junts, en el marco del Consejo de Asuntos Generales.
Con Sumar se negocia llevar al Consejo de Ministros antes de verano la ampliación de los permisos de cuidados retribuidos y los de Yolanda Díaz quieren una mayor implicación del presidente del Gobierno para superar la tramitación de la reducción de la jornada laboral en el último pleno antes del parón estival.
Enfados y exigencias
Los grupos que apoyaron la investidura dieron «tiempo» a Sánchez tras su comparecencia el miércoles en el Congreso. Una «prórroga» no sin costes, pero tampoco a cambio de nada. Está en juego el desbloqueo de algunas de las medidas estrella en sus programas que justifiquen la continuidad de la legislatura en este contexto. «Sabemos de su enfado, que es obvio, pero también de sus exigencias», subrayaban fuentes del Ejecutivo, señalando el «para qué» se reclamó su confianza: «Compartimos una agenda social».
El otro principal elemento que despliegan los socialistas para intentar atar a sus socios es que la alternativa pasa por un PP de la mano de Vox. El clásico pegamento al que vienen recurriendo desde el inicio de la legislatura. Una dicotomía que viene funcionando desde el varano de 2023 y a la que, según inciden en el Gobierno, ayudaría el propio Alberto Núñez Feijóo con el endurecimiento de su discurso y sus ataques a los socios.
El margen para romper se reduce así, según confían fuentes del Gobierno, «cuando obligas a elegir entre bloques, entre el blanco y el negro«. Para ello, manifestaba un ministro socialista del núcleo duro del presidente a la salida del pleno del pasado miércoles con cierta ironía, «el enemigo también ayuda». «El Gobierno actual es el menos malo que hay. Hay que aprovechar la mayoría que posibilitó la investidura para impulsar una agenda social y plurinacional. Si se avanza en esa línea, estaremos ahí», reflexionaba el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, resumiendo este sentir al que se agarra el Gobierno.
La apuesta total de los abertzales por la continuidad del Ejecutivo, sin establecer exigencias claras, no se da en el resto de socios. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reclamó políticas de vivienda y fuentes de su formación exigen el traspaso de Cercanías a la Generalitat y revertir el déficit de inversiones en Catalunya. Su homóloga en Junts, Miriam Nogueras, también reclamó el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos por el Gobierno, entre los que está la delegación de las competencias en inmigración. Y el BNG puso sobre la mesa la «agenda gallega».
Electorado frontera
No obstante, desde Moncloa celebraban esta semana el haber superado una prueba de fuego en el Congreso, al lograr el aval condicionado y temporal de la mayoría para «no tirar la toalla». Algo por lo que admitían que «los grupos han sido generosos». Sin embargo, todos miden su desgaste, teniendo en cuanta también los electorados frontera que comparten entre sí y que, según las primeras encuestas, los trasvases no serían tanto entre bloques, sino dentro de los mismos.
«No tenemos transferencias al PP», aseveran en Ferraz a tenor de sus encuestas internas. A pesar de la situación, limitan el impacto del caso Cerdán a entre dos y tres puntos en intención de voto, frente a los siete del CIS respecto al último barómetro. Un suelo, añaden, «que nos mantiene en una media del 27%». En esta dinámica electoral, fuentes de ERC admiten que cuando al PSOE le va mal, ellos se benefician. Ocurrió así en las elecciones de 2015 y 2016, cuando los socialistas se desplomaron hasta los 90 y 85 diputados, y los republicanos catalanes pasaron de tener tres diputados a nueve.
Además, ningún partido quiere asumir la responsabilidad de ser quien empuja a un adelanto electoral, sobre todo cuando es la principal demanda de PP y Vox. Sánchez, en su ronda de contactos con los grupos tras el estallido del caso Cerdán, puso sobre la mesa su determinación de seguir adelante si ningún grupo le retiraba el apoyo. Por el momento, ni siquiera Podemos, que hizo una enmienda a la totalidad al Gobierno el pasado miércoles, dando por «muerta» la legislatura, se atreve a dar este paso. Y hay formaciones, como ERC, que evitan incluso verbalizar este concepto y solo dejan caer que pedirán «que la gente decidida» si los casos de corrupción van a más.
